El Gobierno promete "generosidad" en el proceso de regularización de 30.000 inmigrantes en Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado prometió ayer que el Ejecutivo tratará con "generosidad" la documentación que presenten los inmigrantes en situación irregular para demostrar que están en España desde antes del 1 de junio de 1999 y beneficiarse así del proceso de regularización extraordinario previsto en la nueva ley de Extranjería. "Un certificado que demuestre transferencias bancarias o una cuenta corriente, basta", aseguró Torres Hurtado. A pesar de que el PP ha anunciado su intención de cambiar la ley, el delegado del Gobierno mantuvo que se darán todas las facilidades a los más de 30.000 extranjeros que intentarán legalizar, desde hoy, su situación en oficinas de la comunidad.

El Gobierno central prevé gastarse en el Estado más de 3.000 millones para agilizar el proceso extraordinario de documentación impulsado por la nueva ley de Extranjería; una norma que fue aprobada al final de la pasada legislatura contra el parecer del PP, que ahora podría usar la mayoría absoluta que logró en las recientes elecciones generales para cambiar la ley. Una parte importante del dispositivo necesario para atender las solicitudes de los inmigrantes se centrará en la provincia de Almería: de los aproximadamente 80.000 inmigrantes que se espera que pasen por alguna de las oficinas de regularización hasta el 31 de julio, unos 10.000 están en Almería, donde se han habilitado nueve oficinas que estarán atendidas por 65 funcionarios. Aunque Torres Hurtado reconocía ayer no tener datos exactos, sí anunció que se espera que, durante los cuatro meses que durará el proceso, más de 30.000 los extranjeros intenten regularizar su situación en la comunidad.

El delegado del Gobierno en Andalucía también consideró ayer cumplidos los acuerdos adoptados con los inmigrantes tras los disturbios acaecidos en El Ejido el pasado mes de febrero. Un punto de vista que difiere bastante de la opinión que mantiene el Consejo de Trabajadores Magrebíes de Almería y la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes de Almería, en la que se agrupan una docena de asociaciones.

Ni el Consejo ni la Coordinadora consideran cumplidos los acuerdos adoptados el pasado 12 de febrero. Y como primera medida de protesta asistirán a una concentración convocada para las ocho de esta tarde en la Rambla de Almería. Este acto ha sido organizado por la Plataforma Vivir Sin Racismo, integrada por asociaciones de inmigrantes, sindicatos y movimientos vecinales. Con esta concentración, los convocantes quieren también conmemorar el Día Internacional Contra el Racismo, que se celebra hoy. El Consejo de Trabajadores Magrebíes y la Coordinadora de Asociaciones Inmigrantes no descartan nuevas movilizaciones para defender su postura y acudirán a la manifestación convocada por la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (AEME) para el día 26 en Madrid.

Querella contra Enciso

La Asociación Derechos para Todos y la Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros (Odite) interpusieron ayer una querella contra el alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso, por los sucesos del pasado mes. Estas organizaciones acusan a Enciso de alimentar la tensión originada en la localidad con sus declaraciones y de omisión del deber de mantenimiento del orden público y de protección a las personas, bienes y derechos de todos los ciudadanos, informa M. J. López Díaz.

"Las administraciones públicas tienen en sus manos evitar que se vuelvan a producir brotes xenófobos como los de Tarrasa o El Ejido", afirmó Javier García, portavoz de Jóvenes Contra el Racismo. Éste y otros colectivos sociales, como Asociación Pro-Derechos Humanos, Unión Romaní de Andalucía o Ecologistas en Acción, y los sindicatos USO y UGT han convocado para hoy, en Sevilla (plaza de San Francisco, 20.00), otra concentración para que "toda la ciudadanía exprese que está, por mayoría absoluta, contra el racismo", precisó García.

Los convocantes del acto pretenden que la "sociedad civil dé un toque de atención" al PP para evitar que reforme la ley de Extranjería. En opinión de estos colectivos sociales, hay varias comarcas agrícolas de la región en las que hay riesgo de que produzcan nuevos brotes racistas. "Determinadas políticas no son inocentes, pueden ser responsables de los conflictos xenófobos que se produzcan en el futuro", advirtió Juanma Jiménez, de la Unión Romaní de Andalucía.