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Fundaciones sanitarias

Como es sabido, aunque quizá el proyecto no haya tenido demasiado eco en la mayoría de la población, el Partido Popular ha impulsado la aprobación de las llamadas Fundaciones Públicas Sanitarias. Se trata de constituir "sociedades o empresas, sin ánimo de lucro", con los bienes propios del hospital público. Tales fundaciones deberán ser recogidas por un "patronato" que, en último extremo, actúa con las mismas atribuciones que puede tener el consejo de administración de una empresa privada. Se quiere que ellas constituyan el instrumento legal que permita transferir primero, y gestionar después, con criterios de empresa privada, los hospitales de la red sanitaria pública.Aceptando que sea conveniente una modificación en las normas de funcionamiento de nuestros hospitales públicos y de que pueda ser conveniente, y hasta necesario, introducir criterios y métodos de empresa privada en el sector público y más concretamente en las macroempresas que constituyen los hospitales, es de temer que normas legales propias de la empresa privada, en manos del político de turno, le animen a confirmarse en la creencia de que está investido, por obra y gracia de su cargo, de la capacitación necesaria para convertirle en óptimo gestor al que le sobra toda concurrencia de pareceres, por lo que cualquier crítica además de infundada es, en el mejor de los casos, molesta. Si a ello unimos que los criterios políticos deciden en muchos casos no sólo el nombramiento de los altos cargos de la Administración, sino también el de puestos de trabajo eminentemente profesionales y, hasta hoy, ningún cargo político, ya sea a nivel estatal, autonómico o municipal, responde de forma personal de sus actos, la experiencia de las fundaciones es muy problemática y los resultados pueden resultar enormemente funestos, no sólo para los profesionales sanitarios sino también para los propios pacientes.

Existe el peligro, como ya se está viendo con ciertos intentos frente a algunas cajas de ahorro, que una fundación, creada, financiada y dirigida por la propia Administración, acabe en las manos del poder político de turno que va a poner menos trabas que ahora, por no decir que ninguna, para poder contratar y despedir al personal según criterios subjetivos, legalizando prácticas que ahora, en parte, son evitables por las normas legales, aunque ello suponga, en muchas ocasiones, largos y costosos procesos judiciales. Como apoyo a esta tesis basta recordar que la Administración socialista estableció los concursos públicos de libre designación, que se aplican hasta escalones exclusivamente profesionales y que tal proceder sigue vigente con el Partido Popular. En virtud de estos concursos la resolución última de un nombramiento queda en manos de los representantes de la Administración de turno lo que lleva consigo el riesgo de nombramientos por razones de sumisión, amistad o militancia política.

Si los nombramientos de los rectores de las fundaciones sanitarias se hacen en este marco legal, no es descabellado pensar que, por natural cascada de acontecimientos, los directivos, jefes de servicios, secciones y la plantilla entera del hospital pueda resultar mediatizada por razones de interés partidista. Por ello ¿no es un peligro real que en la práctica las fundaciones sanitarias supongan una puerta abierta a la libre contratación sin, al menos, la cautela del empresario privado de rentabilizar su inversión a través de un óptimo funcionamiento de su empresa?

Sería muy triste que muchos profesionales sanitarios sintiesen coartada todavía más su libertad de expresión o actuación, por el temor de que una actitud de independencia o discrepancia, que puede tener su fundamento en una más que justificada insumisión ante determinadas actitudes o comportamientos, le abocase a ser tildado de crítico o incómodo y le acarree la consecuencia de que el patrón cuasi único que es la Administración en nuestro sistema sanitario, acabe marginándolo no renovando su precario contrato.

Por ello, sin presuponer que las fundaciones, per se, hayan de ser forzosamente una mala solución, consideramos que su éxito dependerá, en primer lugar, de que se tomen las debidas garantías para que el personal sanitario y pacientes puedan encontrar en los hospitales un mejor trato y una asistencia más eficaz y rápida con los menores costes posibles, lo que exige, entre otras premisas, la neutralidad de la Administración, es decir, la despolitización de su gobierno y la máxima transparencia, objetividad, publicidad e imparcialidad en la provisión de todas y cada una de sus plazas y que sus cuentas y gestión estén sometidas a una seria y profesional supervisión.

Despolitizar la gestión de los hospitales significa también que el patronato y gobierno de las fundaciones sea profesional y representativo de la sociedad y no del partido político de turno. En el mismo deben participar los profesionales como técnicos y la sociedad, a través de asociaciones de consumidores y usuarios, de los municipios en donde radiquen, sin excluir una ponderada presencia de representantes políticos electos. La Administración debería reservarse sólo la supervisión de las cuentas y del cumplimiento de unos adecuados niveles asistenciales, incentivando la investigación y dedicación al hospital. Paralelamente debe hacerse realidad la libre elección de hospital, lo que supone que el paciente pueda dirigirse al público o privado que más garantía le merezca, como un derecho personal y no como una concesión graciable de la Administración. El usuario debería disponer de parámetros objetivos que le permitan comparar los resultados de uno y otro centro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de marzo de 2000