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Tribuna
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Al día siguiente

El día siguiente al de las elecciones, el Gobierno que se forme se encontrará sobre la mesa viejos y nuevos problemas por resolver. El tema de la justicia, ¡tan importante en este Estado de Derecho!, el del agua, porque España es un país seco y amenazado de desertización en vastas áreas; la educación, que en este sigloXXI va a ser la clave del desarrollo de los países y, desde luego, del nuestro, en una época de rapidísimos cambios tecnológicos y científicos; el desarrollo de nuestra investigación científica básica, que todavía hoy, pese a los esfuerzos está insuficientemente dotada; y también otros problemas. Pero entre todos, como problema político, el número uno, a mi juicio, es el de las reivindicaciones nacionalistas de los catalanes; la fuerza creciente del nacionalismo gallego; el problema del dramático independentismo que ahora enarbola el Partido Nacionalista Vasco.Reivindicaciones que se plantean a partir de la estructuración política-territorial del Estado español, como el Estado de las Autonomías. Después de veintiún años, las autonomías, todas las autonomías, son una realidad operativa plenamente afianzada; y, en muchos casos, esa organización político-administrativa, ha desarrollado un fuerte espíritu regional, en regiones en las que no existía o estaba en estado de latencia.

El títuloVIII de la Constitución no preveía la coordinación de la actuación política y administrativas de las Comunidades Autónomas entre sí, ni con el Estado en la toma de decisiones. Las Leyes marcos, o básicas, no son ni suficientes ni plenamente eficaces para obtener una cierta coordinación entre las Comunidades Autónomas.

Ha faltado y falta, establecer con carácter periódico y permanente reuniones de trabajo de los consejeros responsables de cada área de Gobierno de las Comunidades Autónomas con el ministro competente del Gobierno Central. Y han faltado y faltan fluidos y permanentes despachos del presidente del Gobierno con los presidentes de las Comunidades.

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Sobre todo sigue pendiente, la reforma siempre anunciada y siempre aplazada, para convertir el Senado en una auténtica cámara territorial de tipo legislativo, en la que las Comunidades Autónomas puedan dialogar, discutir y adoptar decisiones en aquellos asuntos y materias que les afectan como tales Comunidades Autónomas.

Para las reformas necesarias de nuestro Estado autonómico es preciso tener claros los objetivos que se persiguen y los medios para alcanzarlos. Parece que podría ser eficaz que una comisión de expertos independientes preparara un informe que analizara los defectos y logros de la situación actual y propusiese las soluciones técnicas para remediar los primeros y afianzar los segundos. Una Comisión, como las Comisiones Reales inglesas, por ejemplo, que no sólo ilustran a los políticos y al Gobierno, sino también a todos los ciudadanos.

Está claro que las reformas constitucionales, a que diera lugar, la revisión y mejora de nuestro Estado de Autonomías, no resolvería, por sí sola, el problema de los nacionalismos catalán y gallego, y menos el que plantea el nacionalismo independentista vasco. Porque el nacionalismo es, ante todo, un sentimiento, una pasión, que desborda la racionalización y mejora de procedimientos y estructuras políticas o administrativas. Pero la mejora en la coordinación de las Autonomías, el crear cauces que prepararan soluciones parciales o totales a sus reivindicaciones, dentro de un contexto constitucional reinterpretado y, si hiciera falta, reformado, es previsible que aminorara tensiones y recelos, y, aparte de hacer funcionar mejor al Estado en su conjunto, creara el clima de diálogo en el que encontraran solución, muchas, si no todas, de las reivindicaciones nacionalistas. No se puede olvidar que dado el texto del artículo 150.2 de la Constitución, en este tema de las Autonomías, el texto constitucional es un texto abierto.

En cualquier caso, algo hay que hacer. La prudencia necesaria, no es igual al inmovilismo y si el paso del tiempo soluciona algunos problemas, a otros los hace insolubles y mortales. La España de las Autonomías necesita una puesta a punto para corregir los defectos que se han puesto de manifiesto, y a través de las instituciones que institucionalizan el diálogo democrático hay que discutir los problemas que los nacionalismos históricos plantean. Sólo lo que es capaz de transformarse y adaptarse, perdura. Hay que seguir construyendo y adaptando la España plural y descentralizada a las fuerzas y realidades que se pusieron en marcha con la Constitución de 1978 y la aprobación de los Estatutos.

Y hay que hacerlo buscando el consenso de todas las fuerzas políticas, como se hizo en 1977 y 1978, y además, como también entonces se logró, buscando el consenso mayoritario de todos los ciudadanos. Si lo conseguimos, tanto los que hoy no se sienten españoles, como los que el serlo constituye la clave de nuestra identidad, podemos primero respetarnos y después, dentro de cada espacio político, físico y cultural, vivir, juntos en libertad. Y vivir juntos dentro de la Europa democrática a la que pertenecemos.

Alberto Oliart es ex ministro de la UCD

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