La asignación de fondos de investigación en España

Con motivo de las elecciones generales del 12 de marzo, se viene recordando una vez más que uno de los déficit crónicos de la economía española se encuentra en su baja tasa de inversión en I+D, actualmente en el 0,8% del PIB, más de un punto por debajo de la media de los países de la UE y casi 1,7 por debajo de la estadounidense. Dado que los recursos son escasos y no parece haber visos de aumentos sustanciales en un futuro próximo, una cuestión extremadamente relevante es cómo se asigna la financiación existente. En estas líneas pretendemos abordar una pequeña reflexión sobre esa cuestión, sin ignorar la trascendencia que este tipo de inversión tiene como determinante fundamental de la competitividad de un país en la nueva sociedad del conocimiento y la información.Nuestra experiencia sobre estos asuntos se refiere a la actuación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, en lo que se denominan Programas Sectoriales de Promoción General del Conocimiento, mediante los cuales se asignan fondos anualmente a proyectos de investigación en diversas áreas científicas. Estos proyectos tienen una duración de dos o tres años, y los fondos asignados están adscritos generalmente a participación en conferencias y viajes, adquisición de ordenadores, suscripción a revistas, etcétera. En otras palabras, en ningún caso corresponden a retribuciones a los investigadores participantes, sino al puro incentivo de la actividad científica en nuestras universidades y otros centros de investigación que, después de todo, desarrollan más del 80% de las actividades de I+D en España.

Cabría esperar que, dada la escasa dotación de recursos, la asignación de los mismos correspondiera al criterio de maximizar la rentabilidad de los mismos; es decir, asignar más recursos a aquellos equipos con demostrada suficiencia (publicaciones, patentes, participación en proyectos internacionales, etcétera). Pues bien, en el área de Ciencias Sociales, en la que nosotros nos movemos, la evolución de este proceso desde 1997 está siendo muy negativa. Con anterioridad, los criterios prevalecientes primaban a los mejores equipos, al tiempo que se identificaban nuevos grupos en universidades pequeñas con programas prometedores. Desde dicho año, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. La composición de los comités que juzgaban los proyectos pasó de enfatizar el respeto científico de investigadores capaces de juzgar proyectos con criterios de solvencia científica a primar las meras simpatías por el nuevo equipo ministerial. Baste con decir que el número de citaciones en el Social Science Citation Index, un buen indicador de la solvencia en las Ciencias Sociales, de algunos de los miembros de dichos comités está doscientas veces por debajo de los investigadores principales de algunos de los proyectos a juzgar. A ello se unió una política de fuerte recorte presupuestario a los equipos líderes, pasando a funcionar una política de café para todos.

Los efectos de dicha política no se han hecho esperar. Así, en la última convocatoria, ante la evidencia de que casi siempre se obtenía algo, hubo un aumento muy importante del número de solicitudes, con el resultado de que se bloqueó bruscamente el proceso de decisiones y lo que normalmente se decidía en junio pasó a hacerse en diciembre de 1999, con gran ansiedad de los solicitantes ante la escasez de recursos de que hacía gala el MEC . Baste señalar que la dependencia del MEC, a la que había de confirmarse el acuerdo / desacuerdo con lo asignado, carece de una dirección de correo electrónico. La asignación de fondos ha experimentado un gran recorte, ya que el tamaño del pastel se ha repartido entre multitud de comensales.

Es evidente que una política de ayuda a la investigación debe prestar atención a los grupos jóvenes que están naciendo. Pero los cambios recientes que describimos no han servido para eso. Se han concedido muchos proyectos a profesores de universidad que obtuvieron su plaza hace décadas y que nunca publicaron en ninguna revista prestigiosa. Es evidente que una buena política de investigación debe ser selectiva; en ningún país del mundo, por rico que sea y por mucho que se gaste en I+D, se conceden proyectos similares a todos los profesores de universidad. Esto constituiría un desperdicio de recursos, más aún en una Universidad como la española, donde, por desgracia, una gran parte de los profesores universitarios llegan a la universidad, aparcan el coche, dan su clase y se marchan inmediatamente.

El desinterés del MEC se demuestra no sólo en la política de café para todos, sino en la mala administración. Si bien estas convocatorias se hacían antes en noviembre, lo cual daba tiempo a evaluar y conceder los proyectos para el próximo septiembre, en los últimos tres años se ha ido retrasando la convocatoria y concesión de becas, hasta llegar al punto de que este año aún no se ha convocado la solicitud de proyectos.

Resulta paradójico que en un momento en que en el transcurso de la campaña electoral se nos dice que las autoridades educativas están apostando por un impulso, cara a homogeneizarnos con nuestro entorno cultural en lo referente al gasto en I+D, la financiación de los proyectos de aquellos investigadores cuya rentabilidad científica ha sido mayor en el pasado se vea sometida a recortes de más del 50% de lo que venían percibiendo en convocatorias anteriores. Todo ello ha generado una fuerte frustración entre diversos grupos destacados de investigación en Ciencias Sociales en nuestro país, los cuales han dejado de ver los proyectos del ministerio como una fuente válida de financiación.

Consideramos este estado de cosas una flagrante contradicción entre las declaraciones y los hechos. Nos gustaría ver cómo el MEC continúa con su política anterior de ayuda a la investigación.

Juan J. Dolado, Carmen Herrero y Albert Marcet son directores del Departamento de Economía de la U. Carlos III, Departamento de Economía de la U. de Alicante y Departamento de Economía y Empresa de la U. Pompeu Fabra, respectivamente.