El sindicato de los médicos recurre el decreto de las fundaciones
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritario entre los facultativos españoles, decidió ayer recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto de las fundaciones públicas sanitarias, aprobado el pasado 14 de enero por el Consejo de Ministros. La decisión la tomó el comité ejecutivo del sindicato y el recurso se presentará hoy mismo, según señaló ayer el presidente de la CESM, Carlos Amaya.Los dos principales argumentos de la CESM se refieren a la posible inconstitucionalidad del decreto y a la posible vulneración de la Ley de Organización y funcionamiento de la Administración (LOFAGE). La inconstitucionalidad vendría dada por el hecho de que el decreto desarrolla una ley que fue aprobada dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999 (como enmienda presentada en el último momento en el Senado) y, "según doctrina del Tribunal Constitucional, no puede utilizarse para dar cobertura legal a otras materias que no sean estrictamente presupuestarias".
Para la CESM, el decreto vulnera también la LOFAGE, ya que su artículo 61 exige que iniciativas como la llevada a cabo se creen por ley, y no mediante acuerdo del Consejo de Ministros. El recurso de los médicos argumenta también que la Ley General de Sanidad establece que la regulación y desarrollo de los órganos de gestión de los servicios sanitarios corresponde a las comunidades autónomas y considera que el decreto vulneraría el principio de gratuidad del Sistema Nacional de Salud.
Para el Ministerio de Sanidad, el recurso resulta "sorprendente", ya que la ley de las fundaciones "es de hace 14 meses". A este respecto, Carlos Amaya alega estar en tiempo correcto, ya que el decreto desarrolla aquella ley. Sin embargo, acto seguido, Sanidad dice que el decreto desarrolla en realidad una ley anterior, la de 1997, y no menciona la aprobada en diciembre de 1998. Sanidad tampoco cree que se vulnere la LOFAGE, "porque al establecerse por una ley la posibilidad de creación por un acuerdo de Consejo de Ministros, lo que se ha hecho es derogar la ley citada".
