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Los ayuntamientos de Treviño se plantean recurrir un auto que les impide utilizar la 'ikurriña' en sus instalaciones

El País

El Ayuntamiento de Treviño conoció ayer oficialmente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ordena la retirada de la ikurriña de su salón de plenos. El alcalde, el independiente Juan Carlos Aguillo, avanzó que en ningún caso la corporación se opondrá a una resolución judicial, aunque sus servicios jurídicos analizan posibles recursos, y dijo que la presencia de la bandera vasca "no hace daño a nadie".La Junta de Castilla y León ha logrado que el Tribunal Superior de esa comunidad autónoma atienda su impugnación de los acuerdos de las dos corporaciones y ordene la suspensión cautelar de la exhibición de la ikurriña.

El Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón -el segundo que integra el enclave- ha decidido ya recurrir en súplica ante el propio tribunal dicha decisión, que en todo caso es ejecutiva y obliga a la retirada de la bandera vasca. De todos modos, la ikurriña no ha llegado a ondear en su salón de plenos, indicaron fuentes municipales, ya que la casa consistorial está en obras. Los equipos de gobierno de los dos ayuntamientos decidieron el pasado 26 de noviembre declararse en "estado de indefinición administrativa" y simbolizar éste en el uso de la ikurriña junto a la bandera de Castilla y León, y en la incorporación del euskera a la correspondencia oficial. El consistorio de Treviño avanzó un paso más anteayer, al solicitar su inclusión en Eudel.

En ambos casos las decisiones se han adoptado con la oposición de los concejales del PP, partido que se pronunció en las Juntas Generales de Álava en favor del referéndum para el enclave, pero cuyas organizaciones en Burgos y Castilla y León paralizan el proceso para la segregación iniciado por los municipios.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, pidió ayer que se cumpla la ley "por trámite ordinario" y advirtió a los dos ayuntamientos de que perderán "legitimidad moral" para quejarse por "otros incumplimientos" si no siguen el dictado de la Justicia. Fernández Santiago se refería al reproche expresado el miércoles por la corporación de Treviño sobre el incumplimiento de plazos en la elaboración de la ponencia técnica de la Comisión Mixta Interinstitucional.

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