Escupir a los que no podrán votar este domingo

Cuando María llegó a Bruselas era casi una niña. Llegó para hacer faenas en las casas de los altos funcionarios comunitarios, en 1957. Entonces "a los italianos y a los españoles, los belgas nos despreciaban y hasta nos escupían", recuerda ahora, con pesar antiguo, desde su familiar restaurante, La Fiorentina, en el centro de la capital europea. A base de fregona y limpiacristales, a base de traerse a toda la familia y resistir, resistir, resistir, el negocio es boyante. Pero la "signora María" es fiel a su historia, a los surcos de sus manos encallecidas. "No hagamos con los turcos y los argelinos lo que hicieron con nosotros", apremia.Los 800.000 extranjeros-no-europeos (tampoco los europeos) residentes en España no tienen derecho a voto este domingo. Desde luego, ninguno de los de El Ejido. Ellos son el gran olvido de esta campaña, apenas matizado por algunas frases solidarias y valientes pronunciadas por los líderes de la izquierda. "Vótenlos en nuestro nombre", pide Eltsie, filipina, empleada de hogar, 35 años, en situación legal, a diferencia de los 12.000 inmigrantes sin papeles que expulsamos anualmente... para luego sollozar sin escrúpulos en la sobremesa por el horrible drama de Mozambique.

"España va bien", que reza el lema. España es el "farolillo rojo" de la UE en cuanto a su política de acogida a emigrantes económicos. Dicho de otro modo, es el país líder en insolidaridad: sólo el 0,7% de su población lo son, frente al 6,6% de Alemania, el 4% de Francia o el 3,5% de Bélgica.

Y sin embargo, los necesitamos, generosidad y humanitarismo aparte. Los necesitamos para sobrevivir en nuestro bienestar. Para mantener la actual proporción de cuatro trabajadores activos por un jubilado, nuestro país precisa "importar" 240.000 inmigrantes todos los años, según los expertos de la ONU. De lo contrario, en el corto espacio de cinco decenios, sólo habrá 1,4 activos por jubilado, la ruina para la Seguridad Social.

Los traeremos, sí, pero ¿para tratarlos como a trapos?

Si gana el PP, reformará la ley de extranjería, recién aprobada contra sus propios parlamentarios, según ha anunciado a lo largo de su campaña. Es decir, suprimirá el derecho que la ley otorga a quienes carezcan del derecho a voto municipal para elegir representantes propios que serán oídos por los alcaldes. Suprimirá el mecanismo de regularización permanente a quienes acrediten dos años de residencia y estén empadronados. Internará y expulsará a los llamados "irregulares"... Y así hasta cien medidas progresistas contenidas en la ley defendida por el dimisionario Manuel Pimentel, que su partido se dispone a descuajeringar. Golpe de remo pues a los navegantes de las pateras. Y, en sus costillas, a la economía española y a los futuros jubilados. Así sucederá si José María Aznar vence por mayoría absoluta. Si la izquierda obtiene votos suficientes para impedirlo o el nacionalismo catalán -que honorablemente discrepa en esto de la derecha/de- recha- logra escaños decisivos para la formación del nuevo Gobierno, se evitará este drama.

Los modelos de sociedad se diferencian sobre todo por su tratamiento a los más débiles. Aquí se dirime si los electores quieren convertir a España en una sociedad acogedora, tolerante y abierta como la alemana -cuya reciente Ley de Ciudadanía, que permite la naturalización de cuatro millones de personas y eleva a ciudadanos plenos a todos los hijos de progenitores extranjeros si uno de ellos lleva residiendo ocho años en el país, es ejemplar- o consienten en acercarse a una réplica caricaturesca de otra sociedad dura y hosca como en ciertos aspectos es la norteamericana, aunque naturalmente sin su grado de riqueza ni su capacidad de innovación tecnológica.

Los autores del informe La nueva economía europea, dirigido por Charles Leadbeater, que discutirá la próxima cumbre de los Quince en Portugal, recuerda que en el por otras cosas admirable Silicon Valley de California, los ingresos de los altos ejecutivos se multiplicaron por cuatro desde 1990, mientras los salarios de los trabajadores fabriles se estancaron; que ocho de cada diez nuevos empleos son temporales o parciales; que el Estado de California gasta más en cárceles que en la enseñanza y que el déficit en infrastructuras de transporte alcanza los 10.000 millones de dólares (Cinco Días, 21-2-2000). Las cárceles de EEUU alcanzan la cifra de dos millones de reclusos, la mitad de los cuales son negros, pese a representar sólo el 13% de la población. (¡Y eso que su política de cuotas migratorias es un ejemplo de aperturismo para Europa!)

¿Es éste el modelo social que desean copiar los españoles?

Un juez penal catalán, Santiago Vidal, ha optado ya esta semana, a través de dos sentencias ejemplares. Una ha conmutado a una chica marroquí una pena de cárcel por otra consistente en asistir a un curso de alfabetización. La otra acaba de absolver a tres inmigrantes indocumentados que hacían de okupas en una vivienda deshabitada sin agua, gas, ni luz, y ha denegado la sanción económica que pretendía el fiscal, en atención al "drama social" en que viven esos inmigrantes. A lo que se ve, algunos jueces van muy por delante de determinados políticos. Sin necesidad de autoelogios, himnos ni trompetas.

Cuando la "signora María", como tantos emigrantes italianos o españoles retornados a casa, se entere de estas sentencias, derramará una lágrima de alegría.