Una discusión amortiguada

La viabilidad de los sistemas públicos de pensiones es una inquietud común a la mayoría de los países europeos y, en consecuencia, un aspecto central en el diseño de las ofertas programáticas de los partidos que concurren a cualquier contienda electoral y, en general, del debate político en nuestras sociedades. El envejecimiento relativamente rápido de la población reduce esa relación entre contribuyentes y jubilados -eleva el denominado "ratio de dependencia"- que acentúa la carga que esas prestaciones representan sobre las finanzas públicas; algo difícil de conciliar con ese genérico propósito de eliminación del déficit público que se exhibe recientemente por numerosos Gobiernos. En España, la evolución de ese ratio es significativamente más adversa que en el promedio de Europa desde mediados de los ochenta, y se ampliará a medida que nos adentramos en el primer cuarto del siglo XXI, en gran medida debido a nuestra baja tasa de natalidad. Una situación que no se ve precisamente favorecida por esa otra tendencia más reciente a la anticipación de la edad de jubilación, generadora de costes adicionales para la Seguridad Social, a fuer de otro tipo de implicaciones de distinto alcance.La suavización de las señales de alerta en este final de legislatura, consecuentes con la intensidad en el ritmo de crecimiento de la economía, los avances en la creación de empleo y en el saneamiento de las finanzas públicas, pueden reducir el protagonismo de este problema en la inmediata campaña electoral, pero sería un error que ello fuera equivalente a desplazarlo de la atención prioritaria de los programas de los partidos políticos que aspiran a gobernar durante los próximos cuatro años. Un aspecto central del debate debería ser el relativo al grado de preeminencia de que disponga el actual esquema de reparto en el que se basa el sistema público y su mayor o menor desplazamiento hacia la coexistencia con esquemas basados en criterios de capitalización, reforzando la proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones que se reciben a la jubilación. La generación de estímulos adicionales a esa coexistencia de ambos esquemas, su naturaleza, cuantía y ritmo de instrumentación deberían ser objeto de concreción suficiente en esos programas, dada la trascendencia que tendrían en la planificación financiera individual, pero también en dimensiones tales como el grado de profundidad de los mercados de capitales y la eficiencia en general del conjunto del sistema financiero.

La ampliación de la base temporal de cotización, la revisión de las condiciones para anticipar la jubilación y la generación de estímulos para prolongar la edad correspondiente, son elementos a considerar en esa pretensión de fortalecimiento del Pacto de Toledo que todos los partidos anuncian para la próxima legislatura. Con independencia de otras consideraciones, la intensidad con que en España se hace uso de las prejubilaciones, además de sus adversos efectos financieros sobre el sistema, cuestiona seriamente la racionalidad en la utilización de los recursos humanos por la mayoría de las empresas que las llevan a cabo.

Ahora bien, más allá de esos aspectos específicos, la reducción de las amenazas sobre el sistema público de pensiones precisará también de la complicidad de otras políticas, como las asociadas a la reforma del mercado de trabajo, en la dirección entre otras de fomentar una mayor estabilidad, o las relativas a la inmigración, dada la reducida participación que España registra en comparación con el resto de Europa de trabajadores extranjeros en su población activa y la creciente necesidad que va a tener de ellos. Que el análisis del problema y la propuesta de soluciones se asiente en bases suficientemente objetivas debería constituir la exigencia mínima en esta campaña electoral.

Emilio Ontiveros es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid.