La diana fiscal Almunia-Blair y sus incógnitas

La cosa se pone al rojo vivo. Acababa Gracias a la vida, de Mercedes Sosa. Los teloneros renegaban de "la España de Falcon Crest". Gentes entregadas le vitoreaban. Hacía calor, mucho calor en Cáceres. Una anciana lloraba, emocionada, en el nido del polideportivo.Ese momento caliente, con las encuestas adversas y a una semana del gran día, fue el escogido por Joaquín Almunia para concretar su gran apuesta económica de la campaña: establecer un canon de medio billón de pesetas por una sola vez sobre los superbeneficios de las empresas privatizadas por el PP. Lo recaudado se dedicaría a un fin social, engrosar la reserva de la Seguridad Social, para "consolidarla".

La propuesta encontró la apoteosis del respetable -era campo propio-, porque adivinaba que concretaba en positivo la crítica en negativo al "amiguismo" del Gobierno de Aznar.

"Qué se puede hacer para que esto no se quede así?", se interrogó. Y explicó con modestia que aplicaría, adaptándola, la medida de Tony Blair sobre las empresas que privatizó Margaret Thatcher.

La windfall tax fue propuesta en 1992 por los laboristas, diseñada por el canciller del Exchequer, Gordon Brown, y aplicada por Blair nada más instalarse éste en Downing Street, en 1997, sobre 32 empresas privatizadas entre 1989 -ocho años antes- y 1996.

"Windfall" significa "caído del viento", algo así como un "maná" regalado por los dioses, y equivale en la jerga de la City londinense a pelotazo, aunque sea sin contornos de ilegalidad. El objetivo era "resarcir" parcialmente a los contribuyentes, porque un patrimonio acumulado mayormente por la sociedad había recalado en manos privadas.

La base argumental de este canon fue triple: las empresas se privatizaron a un precio que finalmente se reveló muy bajo; el régimen regulador que se les aplicó después fue laxo y disfrutaron en muchos casos de posiciones de monopolio de hecho o de derecho en el mercado (Financial Times, 27 de junio de 1997).

¿Cómo encajó el propósito político redistributivo en la teoría hacendística? Se consideró que la tasa debía ser eficiente y neutra, es decir, que no distorsionase las decisiones de inversión de las compañías, para lo que se arbitró un gravamen por una sola vez.

Debía ser también equitativa, no recaer sobre los consumidores, lo que ocurre cuando la competencia es aún imperfecta, pues las empresas afectadas pueden repercutir sobre éstos la tasa que se les impone, y, sobre todo, reducir al máximo las posibles discriminaciones entre empresas y accionistas, pues no siempre los últimos titulares obtuvieron los beneficios de los primeros y alguna empresa se había fragmentado o fusionado.

Para lograr esto último se discutió sobre si la tasa debía ser "a medida" de cada empresa o tipo "confección", un traje hecho para todos con un mismo hilo, un mismo tipo. Y pues, sobre si lo adecuado era una fórmula sencilla -quizá discriminatoria para alguna empresa- o compleja, calcada para cada situación específica.

Como esto último podía fragilizar la windfall tax frente a una eventual demanda judicial, se optó por una fórmula simple. A saber, un traje hecho de "confección", de igual tela pero distintas tallas. O sea, un tipo impositivo común del 23% sobre la diferencia entre el valor de mercado de cada empresa (9 veces los beneficios promedio de los 4 ejercicios anteriores) y el valor al que se privatizaron.

La posible vulnerabilidad jurídica se soslayó también gracias a su concepción finalista: la integridad de lo que se recaudaría financiaría un plan de empleo para los jóvenes. Con ello se diluían acusaciones de discriminación. Lo recaudado iría a los más discriminados.

El Gobierno de Blair obtuvo así 5.200 millones de libras (1,5 billones de pesetas), dos veces y media el impuesto sobre beneficios pagados por las 32 empresas afectadas. La cantidad propuesta por Almunia es más modesta en términos absolutos -un tercio- y relativos, pues el tipo sería también inferior, en unos tres puntos.

La incógnita económica fue si la medida perjudicaría la inversión y la cotización de las empresas y si penalizaba a las más eficientes; la opción por un tipo moderado entre otros barajados suavizó el asunto, el "lobo" fue menos fiero de lo temido. Almunia prometió ayer, templando: "No les dejaremos a dos velas, queremos que esas empresas sigan generando beneficios, creando riqueza y empleos". La incógnita jurídica: ¿se plantearían pleitos? "No desafiaremos una tasa para la que el Gobierno tiene un mandato popular", zanjó British Gas (Financial Times, 19 de julio de 1997). Very british. Muy sensato.