Fomento quiere privatizar hasta el 49% de la futura sociedad que gestione los aeropuertos

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, planea eliminar Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la entidad pública que gestiona los aeropuertos y el espacio aéreo español, y crear en su lugar dos sociedades anónimas. Una será pública, NAVIA, y controlará la navegación aérea, y otra mixta, ARES, que gestionará los 42 aeropuertos. En esta última sociedad, Arias-Salgado pretende dar entrada al capital privado, que podría comprar hasta el 49% de sus acciones. Los nombres de las dos sociedades son provisionales.Éste es el nuevo modelo aeroportuario que ha resultado del estudio encargado hace ocho meses por Arias-Salgado a la ingeniería pública Ineco y a la consultora Arthur Andersen. El estudio recuerda que algunos Estatutos de Autonomía prevén asumir las competencias sobre la gestión de los aeropuertos cuando la Administración central abandone su gestión directa. Si sólo se vende el 49% de la nueva sociedad, las autonomías no podrán reclamar ninguna competencia porque el Estado mantendría la mayoría de las acciones y el control de la gestión.

El ministro pretende salvar con este plan una gestión marcada por los retrasos en los aeropuertos y por los conflictos con usuarios, pilotos, compañías aéreas y controladores a causa del deficiente funcionamiento del sistema aeroportuario español. Cinco Gobiernos autónomos (Cataluña, Canarias, Baleares, País Vasco y Andalucía) rechazan el proyecto de Arias-Salgado.

El actual sistema español se compone de 42 aeropuertos, que atendieron el último año a 128 millones de pasajeros y a 1.400.000 aeronaves, y un espacio aéreo que vigilan 1.600 controladores.

Ineco y Arthur Andersen tienen el estudio prácticamente terminado y se lo entregarán al ministro la próxima semana. En sus conclusiones apuestan por un profundo cambio del modelo actual dando entrada a la iniciativa privada "como un medio, que no un fin, para garantizar una mejor gestión".

Ahora existen dos organismos aeroportuarios en España: la Dirección General de Aviación Civil (que marca la política aeronáutica, establece las categorías de aeronaves y tripulaciones en función de criterios técnicos, supervisa la ampliación de instalaciones y sanciona los incumplimientos de la normativa) y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), una entidad pública empresarial que gestiona los aeropuertos y se encarga de la navegación aérea. Ambos organismos son de propiedad pública y dependen de Fomento. Sin embargon, sus competencias no están claramente definidas, lo que produce solapamiento de funciones y dificulta la gestión.

El nuevo modelo aeroportuario propuesto por Ineco y Arthur Andersen prevé cuatro organismos distintos y la posibilidad de vender el 49% de las acciones de uno de ellos, al que han denominado en el estudio ARES y que se encargaría de la gestión de los 42 aeropuertos españoles. El nuevo sistema plantea la necesidad de aprobar una ley para extinguir AENA y crear dos sociedades anónimas: ARES y NAVIA.

ARES recibiría del Ministerio de Fomento la concesión para gestionar los 42 aeropuertos y podría vender el 49% de sus acciones en una primera fase. NAVIA, según el nuevo esquema organizativo, seguiría, al menos en una primera fase, en manos de la Administración pública.

Este cambio en el modelo aeroportuario que pretende el ministro Arias-Salgado tendría un organismo clave, al que han denominado de momento ARTAES (Agencia Reguladora del Transporte Aéreo Español), que se encargaría de la regulación técnica y operativa, del control y de la supervisión del buen funcionamiento, tanto de los aeropuertos como de la navegación aérea. ARTAES sería la autoridad estatal que podría imponer a la sociedad gestora de los aeropuertos la ampliación de instalaciones o las tarifas de las tasas aeroportuarias, por ejemplo.

En ARTAES estarían representados los ministerios de Fomento, Defensa, Economía y otros que pudieran tener intereses en la política aeroportuaria, además de dar participación en el mismo a organizaciones de consumidores y usuarios, compañías aéreas o entes locales.

Este organismo controlaría que el gobierno de los aeropuertos, con el 49% de la sociedad gestora en manos privadas, cumpla adecuadamente los fines de servicio público.

Socios financieros

Para la venta de las acciones de la nueva sociedad gestora de aeropuertos, ARES, el estudio de Ineco y Arthur Andersen sugiere que sería conveniente contar con un núcleo estable de accionistas compuesto por socios financieros (bancos o cajas de ahorro) o empresas relacionadas con el turismo, por ejemplo.

Los expertos rechazan la posibilidad de dar entrada en la sociedad a compañías aéreas, lo que podría favorecer una competencia desleal. "El cliente de los aeropuertos es la compañía aérea, que no puede ser a la vez socio de la empresa que gestiona el aeropuerto", explican los responsables del estudio.

El informe rechaza la entrada de un socio tecnológico. "AENA es una de las empresas que más experiencia tiene en la gestión aeroportuaria. Y así debe seguir siendo. No se necesita ningún socio tecnológio".

El esquema del nuevo sistema aeroportuario español mantiene todas las instalaciones en una misma red y descarta la posibilidad de traspasar la gestión a las comunidades autónomas, como pretenden al menos cinco Gobiernos regionales: los de Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares y País Vasco.

Las reticencias de Convergència i Unió (CiU) al plan de privatización de la gestión anunciado hace algunas semanas por el ministro de Fomento han llevado al candidato catalán Xavier Trias a formalizar un aviso para navegantes dirigido al PP.

Trias cree que como los votos de su formación, CiU, serán necesarios para garantizar un Gobierno estable en la próxima legislatura, no dejarán que los planes privatizadores de Arias-Salgado salgan adelante.

El ministro de Fomento le contestó ayer y cuestionó las razones que esgrime Trias contra la privatización de la gestión de todos los aeropuertos españoles. Arias-Salgado no entiende por qué CiU prefiere que la Generalitat gestione los aeropuertos catalanes en lugar de que el capital catalán entre en toda la red española. "En el fondo", declaró Arias-Salgado a Efe, "es la pretensión de controlar un aeropuerto como el de Barcelona por estrictas razones de poder político y deseo de incrementarlo". El ministro invitó a los empresarios catalanes a participar activamente en la sociedad que se creará para gestionar la red aeroportuaria.

Arias-Salgado recordó ayer, durante la inauguración de la ampliación de la terminal Olímpica del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, que en la próxima legislatura, si gobierna el PP, se invertirán 1,1 billones de pesetas en ampliar Barajas y el aeródromo barcelonés.