Majadahonda, único municipio que pide instalar cámaras para vigilar las calles
La Delegación del Gobierno sólo tiene entre manos una solicitud para poder instalar cámaras de vigilancia en lugares públicos, según lo dispuesto por la Ley de Videovigilancia: es la cursada a mediados del año pasado por el Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP, para poner cámaras de observación permanente en la calle de Gran Vía. El primer teniente de alcalde, Guillermo Ortega, informó ayer que el consistorio "mantiene la solicitud", aunque todavía no ha recibido contestación. El portavoz del PSOE, Antonio Morales, exige "la retirada inmediata" del proyecto por considerar que "carece de todo sentido" teniendo en cuenta que en esa zona no hay ningún problema de seguridad ciudadana. "Son prácticas fascistas", añadió Morales.Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que "la petición está aún en estudio", después de haber sido analizada por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los mismos medios indicaron que se ha demandado al ayuntamiento de Majadahonda "información complementaria", lo que parece indicar que quieren más explicaciones sobre los motivos que justifiquen la instalación. La Ley de Videovigilancia, de agosto de 1997 y el Reglamento de abril de 1999 ponen limitaciones al sistema, a fin de garantizar las libertades.
Majadahonda pretende instalar 12 cámaras en 800 metros de calle
El gobierno local de Majadahonda, del PP, pretende instalar en la céntrica Gran Vía una docena de cámaras para que la policía local observe y grabe todo el día lo que sucede en una calle de 800 metros. El sistema costará 20 millones.Este proyecto ya fue hecho público en mayo de 1998 por el alcalde majariego, Ricardo Romero de Tejada, que a la vez es secretario general del PP de Madrid. Han pasado casi dos años y aún no se ha materializado e incluso es posible que ahora tenga más dificultades para ser autorizado, dado que la Ley de Videovigilancia, de agosto de 1997, y el reglamento de abril de 1999 que la desarrolla imponen importantes limitaciones a este tipo de sistemas "para que su utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos".
Las cámaras fijas se instalarán a lo largo de la Gran Vía, la calle principal de la localidad, que está repleta de comercios, bares y agencias bancarias. Esta arteria de Majadahonda está reservada a los peatones desde que el pasado año se inauguró un túnel de 600 metros de longitud que absorbe todo el tráfico rodado del centro urbano.
Fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron que la petición del Ayuntamiento majariego está en estudio por parte de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. "Ahora estamos pendientes de que el Consistorio envíe varios trámites de subsanación del proyecto inicial", según fuentes de la Delegación del Gobierno. Pero el Ayuntamiento de Majadahonda desconoce que las autoridades gubernativas hayan puesto pegas a su propuesta: "No hemos recibido ninguna respuesta al proyecto entregado en mayo de 1999".
Romero de Tejada mantiene que las cámaras "serán una forma de proteger a los paseantes y de identificar a los delincuentes".
"Videovigilante de la playa"
Antonio Morales, portavoz socialista de Majadahonda, sostiene que este sistema "sólo sirve para entrometerse en la vida privada de la gente; este tipo de iniciativas trata de controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos". Según Morales, "el alcalde quiere ser el campeón de los videovigilantes de la playa y el talante de centrista que él quiere vender se le escapa por el zoom de la cámara". El edil socialista asegura que Majadahonda "tiene unos índices de delincuencia muy bajos" y que los problemas que causan los cabezas rapadas no ocurren en la Gran Vía.
Izquierda Unida critica el plan porque es "mucho más recomendable denunciar a los violentos que convertir la Gran Vía en un estado de sitio".
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcobendas ha solicitado autorización para instalar entre tres y cinco videocámaras, pero sólo para controlar el tráfico, no a los transeúntes, ínforma Raquel Santos. El alcalde, José Caballero, del PSOE, asegura que hace ocho años se instalaron cámaras en el parque de las Cepas. "Las quitamos", dijo, "cuando se arregló un problema de inseguridad. Hace tres o cuatro años se pusieron en el polideportivo municipal para controlar un perímetro de 18 hectáreas".
