El Consell contra la Universidad
No está escrito en parte alguna que la Universidad y el Gobierno autonómico hayan de darse el pico, aunque tampoco lo contrario. De hecho, la Universidad de Valencia se las ha tenido tirantes con los sucesivos gobiernos autonómicos, si bien nunca como ahora han sido tan tensas las relaciones. El último exponente de estas diferencias gira en torno a los estatutos reformados de la institución docente, cuya preceptiva aprobación por parte del Consell está bloqueada desde hace más de dos años, sin que medie causa o pretexto razonable. Todos quietos y callados mientras que la Universidad tropieza con serias dificultades para poner al día su gestión y obtener los rendimientos previstos en la reforma. ¿Por qué?
Los estatutos vigentes de la Universidad de Valencia son del año 1985 y fueron los primeros aprobados bajo régimen democrático. Desde aquella fecha, la institución docente ha experimentado probablemente un cambio tan o más decisivo que el constatado a lo largo de los cinco siglos de historia que ahora precisamente celebra. Su funcionamiento es más complejo, sus instalaciones más vastas, enorme su población docente y discente, lo que, de consuno con otros factores, le exige actualizar sus normas de gobierno para asumir la experiencia y cubrir los objetivos que por sí misma se impone y la sociedad le reclama. Algo obvio, en fin.Para llevar a cabo ese cometido, la autoridad académica propuso en 1997 una reforma de los estatutos aludidos, acomodándolos a las necesidades. La modificación afectaba a unos 40 artículos que, en líneas generales, propiciaban una gestión descentralizada y consecuente con la actual configuración territorial de la universidad, repartida en tres campus (Blasco Ibañez, Burjassot y Els Tarongers), a la composición de la Junta de Gobierno, a los planes de estudio, el estímulo de la investigación, la relación con las empresas privadas, y un largo etcétera que, en su conjunto, garantizaba una mayor eficiencia.
Con lo sumariamente dicho queremos subrayar que el proyecto reformador no incluye ningún dislate, que está concebido por gentes adultas que saben qué terreno político pisan y, a mayor abundamiento, fue bendecido en su día por el Consell Jurídic Consultiu, cuyas sugerencias se aceptaron sin rechistar, pues el tal órgano consultivo hila fino y habitualmente con tino. Esto acontecía en 1998 y nada podía hacer pensar que se retrasase el preceptivo espaldarazo del Consell de la Generalitat, que tiempo sobrado había tenido para estudiar y tramitar el asunto.
Sin embargo, entre pitos y flautas, silencios y engaños -sí, engaños de los portavoces del Consell- han transcurrido 27 meses y la Universidad de Valencia sigue sin poder acogerse a los nuevos estatutos, lo que traba su funcionamiento, ni tampoco replicar las objeciones -que no se le formulan- o proceder a las enmiendas que se juzgare pertinentes. En tales circunstancias, la última opción considerada por el rector y los claustrales consiste en plantear un pleito contencioso administrativo y que los tribunales resuelvan lo que debió haberse diligenciado en buena hora y con diálogo. Una manera más de acentuar el divorcio entre el gobierno autonómico y el estamento universitario. Como alguna razón ha de existir para que se prolongue este desencuentro, los observadores señalan la obligatoriedad estatutaria de que los profesores que obtengan una plaza conozcan las dos lenguas oficiales del país y de la Universidad, sometiéndose a una evaluación. ¿Qué menos se puede pedir? Señalan, digo, porque lo cierto es que nadie con credenciales para ello -el consejero de Cultura, por ejemplo- ha dicho una palabra. De ahí que, vista la nimiedad de este motivo presunto, se nos invite a imaginar otras causas más o menos peregrinas, que oscilan entre las diferencias personales y la alergia que los prohombres del PP sienten acerca de cuanto concierne al alma mater valenciana. Trivialidades, en suma, que dejan malparado al Consell y cuestionan la propalada capacidad resolutiva de su presidente.
Ignoramos si el trajín electoral será un obstáculo añadido para que se ejecute la aprobación pendiente, aunque no debiera serlo. En todo caso, con o sin más demora, la verdad es que el Gobierno de la Generalitat está procediendo con manifiesta prepotencia e insensatez, pues ningún dividendo positivo puede obtener de este hostigamiento a la Universidad. Tanto más -por lo contradictorio- en una legislatura que se quiso caracterizar por su decidida apuesta en favor de la enseñanza y de la investigación. ¡Valiente manera de demostrarlo!
