Aznar abre la campaña con la aprobación de mejoras para pensionistas y funcionarios
La noche anterior había sido la pegada de carteles. Ayer, el Consejo de Ministros aprobaba las primeras medidas electoralistas. En coincidencia con el arranque de la campaña del 12-M, el Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas de tinte social dirigidas a colectivos tan sensibles como pensionistas y funcionarios. El Ejecutivo aumenta así, para empezar, en 40.000 millones de pesetas el fondo de reserva de pensiones, del que se benefician 7,5 millones de personas. Un fondo que estaba previsto en el Pacto de Toledo, suscrito por todos los partidos parlamentarios en 1996, y cuya constitución había sido sido anunciada por el PP para el otoño pasado con una cuantía de 60.000 millones. La mejora se decide después de que el PSOE haya prometido en su programa electoral que dotaría el fondo con 200.000 millones de pesetas este mismo año.El Ejecutivo ha acordado "materializar" ahora "de forma inmediata" este fondo con 40.000 millones de pesetas procedentes del superávit que ha tenido la Seguridad Social en 1999, que su suman a los 60.000 millones con cargo al excedente que se prevé durante el año 2000.
El Gobierno también atendió ayer a la franja electoral de la función pública. Respondió a una reclamación pendiente desde hace ocho años de los empleados públicos residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, plazas electorales muy sensibles en las que el PP se juega un escaño en cada una.
El Consejo de Ministros mejora en 40.000 millones de pesetas el fondo para pensiones
De hecho, el primer acto de Aznar en la precampaña fue su visita a las plazas norteafricanas.Los funcionarios trasladados a las islas y al norte de África venían exigiendo al Gobierno central una actualización de la "indemnización por residencia", y ayer, primer día de campaña, esta demanda se vio satisfecha. Los 33.400 funcionarios y los 4.145 pertenecientes al personal laboral de estas comunidades se repartirán 2.000 millones por ese concepto.
La subida había sido discutida en el trámite parlamentario de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el pasado otoño. La última vez que el Gobierno reguló el complemento por residencia fuera de la península fue en 1992.
Paga extraordinaria
Las dos iniciativas aprobadas ayer se vienen a sumar a otra decisión de envergadura social que aprobó el 2 de febrero una orden ministerial: el reparto de un fondo de 13.000 millones de pesetas, además de la subida general del 2%, a los 476.000 funcionarios de la Administración General del Estado. Esta paga -que oscila entre 17.978 pesetas y las 24.659 pesetas por cada funcionario- la han empezado a cobrar ya sus beneficiarios en este fin de mes electoral.
El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, defendió en febrero la aprobación de esta paga única y logró vencer la resistencia del ministro de Economía, Rodrigo Rato, que alegaba razones técnicas así como que su aprobación no era "urgente" y podía interpretarse "electoralista".
La paga se está extendiendo ahora, una vez que el Gobierno ha tomado la iniciativa, a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y también a Andalucía (PSOE), con acuerdos entre sus respectivos Ejecutivos y los sindicatos. La medida terminará beneficiando a más de un millón de funcionarios.
El portavoz del Gobierno central, Josep Piqué, quiso quitar ayer hierro electoral a estas medidas. Al finalizar el Consejo aseguró que con ellas el Ejecutivo "se limita a cumplir la ley". El nuevo ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que acudía a su primer Consejo, argumentó que el fondo de reserva "da cumplimiento al Pacto de Toledo y transmite tranquilidad a los pensionistas, ya que no será necesario recurrir al endeudamiento externo" cuando haya problemas de liquidez para abonar la nómina de la Seguridad Social.
Asimismo, el Gobierno y algunos sindicatos han alcanzado preacuerdos sobre aumentos de retribuciones que afectan a otros colectivos de la función pública y que podrían materizalizarse en los dos Consejos de Ministros pendientes hasta la celebración de las elecciones generales. Es el caso del personal del Grupo B del Insalud -personal de enfermería y matronas, un colectivo de 33.000 perso-nas-, con un coste de 7.100 millones que implica un aumento medio de casi 80.000 pesetas por año.
También existen presiones desde los ministerios de Defensa e Interior para aumentar las retribuciones de militares y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han quedado fuera del reparto de la Administración General.
Los Gobiernos del PSOE aprobaron en campaña electoral medidas presupuestarias destinadas a carreteras, construcciones hidráulicas, prejubilaciones y mejoras en estructuras agrarias.
El 16 de febrero de 1996, una vez comenzada la campaña, el Consejo presidido por Felipe González aprobó la construcción de varios tramos pendientes de carretera en Tarragona, Lleida, A Coruña, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Cuenca, por un coste total de 25.000 millones de pesetas, y la estructura básica de los servicios secretos del Cesid. El 1 de marzo -las elecciones se celebraban dos días después-, el Gobierno se despedía ejecutando 65.000 millones del Presupuesto para obras: 35.000 para construcciones hidráulicas y 30.000 para carreteras.
Los tres últimos Consejos de la legislatura anterior, en 1993, aprobaron medidas para paliar la sequía, ayudas para que los trabajadores afectados por la reconversión industrial pudieran jubilarse anticipadamente con un complemento de pensión y programas para la mejora de las estructuras agrarias por una cuantía de 80.000 millones, de los que 32.000 fueron ayudas públicas.
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