Subvenciones oscuras

El efecto ejemplarizante de la dimisión de Manuel Pimentel como ministro de Trabajo ha oscurecido los graves hechos que la motivaron. Pero ni éstos han sido aclarados del todo políticamente ni es descartable que sean algo más que una incompatibilidad severa o la quiebra de la confianza debida por un alto cargo.Cada vez parece más claro que la dimisión de Pimentel no ha cerrado el círculo de las responsabilidades políticas en el caso de su antiguo colaborador en Trabajo, Juan Aycart. Nuevos datos apuntan a que este último -un funcionario de carrera vinculado de antiguo al Inem- llegó a puestos de responsabilidad por recomendación del antiguo secretario general técnico de Javier Arenas y miembro de la actual ejecutiva del PP, Julio Sánchez Fierro. Éste ha negado saber que la mujer de Aycart fuera propietaria, en un 50%, de la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial (CPD), que obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones, principalmente del Inem, entre 1995 y 1999; pero ha admitido que conocía al gerente y propietario de la otra mitad de la empresa.

No hay por qué dudar de la versión dada por Sánchez Fierro sobre su interés en promocionar a Aycart. Se trataba -dice- de "una persona correcta, cumplidor de su tarea y no había ninguna cosa ni a su favor ni en contra". Pero la investigación en curso tendrá que averiguar si hubo otros motivos, sobre todo sabiendo que Sánchez Fierro desempeñó antes puestos relacionados directamente con la formación ocupacional. Como deberá indagar por qué el actual secretario de Empleo, Juan Chozas, amigo de Aycart desde 1990 y desconocedor también de que su mujer fuera copropietaria de CPD, dio el visto bueno a un convenio particular entre esta empresa y el Inem, al margen del general que había suscrito con los empresarios del sector.

El asunto presenta puntos oscuros que exigen aclaraciones políticas y posiblemente judiciales. Pimentel descartó que haya habido desvío de fondos, pero puede haber otros aspectos, como el tráfico de influencias o la información privilegiada, que caen bajo el Código Penal y que apuntan a la posible existencia de una red de cazadores de subvenciones públicas en Trabajo. Es al menos llamativo que la empresa CPD doble el monto de las subvenciones desde el momento en que el marido de la propietaria pasa de ser un funcionario a ocupar un alto cargo en Trabajo.