Elecciones 2000

Justicia autonómica, agilización procesal y mayor eficacia

Las dos principales fuerzas electorales nacionalistas, CiU y PNV, coinciden, con distintos matices e intensidad, en planteamientos autonómicos del Poder Judicial, propuestas de agilización de los lentos procesos judiciales y petición de una mayor eficacia.CiU pone por delante una reforma procesal civil "que obtenga el consenso con los sectores profesionales implicados" y una reorganización de la oficina judicial que se adapte "a las necesidades que la sociedad reclama".

La propuesta de sustitución de los cuerpos nacionales de funcionarios de la justicia por cuerpos autonómicos y la exigencia a los jueces de "un conocimiento más profundo de la sociedad en la que son destinados", incluido el uso normal de las lenguas autonómicas, abre paso a CiU para pedir que Cataluña tenga "un órgano propio de gobierno del Poder Judicial", sin perjuicio del CGPJ.

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Más radical, el PNV plantea que, igual que hay Ejecutivo y Legislativo autónomos, debe existir "un Poder Judicial autonómico", ya que el Poder Judicial unitario es "un residuo centralista".

Además de la supresión de los cuerpos nacionales y la consideración del conocimiento de la lengua cooficial como mérito, el PNV distingue propuestas para la eficacia (control de calidad de las resoluciones, agilización de los procesos, mejora de la justicia gratuita) y la eficiencia (solución arbitral, modernización administrativa) de la justicia.

Reforma constitucional para que las Cortes elijan los altos órganos

El programa de justicia de IU requiere una amplia reforma constitucional, ya que no sólo mantiene la elección parlamentaria de todo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que propone que las Cortes elijan altos órganos relacionados con la justicia, cuya designación está atribuida por la Constitución de otro modo.Así, el Tribunal Constitucional (cuatro magistrados los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el CGPJ) y el fiscal general del Estado (lo designa el Gobierno, "oído el CGPJ"). IU propone la "elección parlamentaria de los miembros del Tribunal Constitucional, del CGPJ y del fiscal general del Estado, para garantizar la independencia del Poder Judicial".

Otra novedosa propuesta de IU es la "desaparición del Ministerio de Justicia y de la Audiencia Nacional", así como "de la justicia penal militar". En contrapartida, propone reforzar las competencias del CGPJ.

IU propugna unos juzgados de vigilancia penitenciaria como "auténticos órganos judiciales de ejecución de las penas" y una reforma del Código Penal que elimine el tratamiento de la droga como la causa principal de la inseguridad ciudadana. Propone adecuar las desproporcionadas penas que se aplican a los pequeños traficantes, así como despenalizar la ocupación de viviendas sin moradores y la insumisión.

Responsabilidad política del CGPJ y mejora del servicio público

La reafirmación del PSOE en favor de la elección parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se complementa con la promesa de que "responderán políticamente ante el Congreso de los Diputados". Esta responsabilidad política guarda relación con una reforma de la justicia que ponga en las manos del órgano de gobierno del poder judicial "los medios y procedimientos necesarios para asegurar un servicio público de la Administración de justicia moderno, rápido y justo", así como que establezca un programa sostenido que incluya "la dotación presupuestaria necesaria para aplicar la reforma".El programa de PSOE-Progresistas plantea la acomodación del proceso penal a la Constitución, que requiere reforzar "los principios de igualdad, contradicción, imparcialidad y presunción de inocencia" y que "el protagonismo y la iniciativa de la instrucción se atribuya al Ministerio Fiscal, de quien pasará a depender la Policía Judicial", mientras el juez recuperará "su condición de tercero imparcial que ha de velar por los derechos de las víctimas y las garantías de los inculpados". La Audiencia Nacional reducirá su competencia al terrorismo y el crimen organizado.

Para aumentar los jueces, el PSOE reforzará los turnos de selección entre juristas (sin oposición), y para reparar los errores judiciales y las dilaciones indebidas, fijará al Estado un plazo de indemnización.

Profesionalizar el poder judicial y convertir el jurado en mixto

El PP retoma una de las asignaturas pendientes de la legislatura que acaba, la elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de extracción judicial por los jueces y magistrados, pero pone el acento en "que sean los propios jueces y magistrados y no las asociaciones judiciales ni los grupos parlamentarios" quienes les elijan. La pretendida profesionalización llega a vetar el acceso al Supremo a quienes hayan ejercido "cualquier cargo de naturaleza política" y a transformar el actual jurado popular en el modelo mixto o escabinado, "en el que deliberan juntos los jueces legos y los profesionales".Se propone mejorar el estatuto de jueces y magistrados y el del Ministerio Fiscal, así como potenciar la figura del secretario judicial y "la profesionalidad de todos los funcionarios al servicio de la Administración de justicia".

En relación con los jueces, el PP plantea reforzar su independencia y el amparo "frente a los actos de perturbación"; la "decidida restricción" del acceso a la judicatura por el tercero y cuarto turno (ajeno a la oposición), y la sustitución de jueces interinos por "jueces de la carrera", pero, aunque establece "la responsabilidad como límite de la independencia", abandona la promesa de 1996 de ampliar "los supuestos de indemnización por error judicial y anormal funcionamiento". Además, propone un pacto de Estado.

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