Dos millones de casos judiciales pendientes

Casi dos millones de asuntos pendientes al iniciarse 1999, un número de jueces que no llegará a 4.000 a finales de 2000 para menos de 40 millones de españoles (en Alemania hay 25.000 jueces para 80 millones de habitantes), un funcionamiento anticuado y una lentitud irritante, unida a la esquizofrenia de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, sitúan a la Administración de justicia en "estado comatoso".Así la ha descrito Ricardo Bodas, uno de los portavoces del Foro por la Justicia como Servicio Público, integrado por jueces y otros profesionales de la justicia, unidos a sindicatos, asociaciones de vecinos y de consumidores y usuarios que, junto con el vicepresidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, comprometieron esta semana a los representantes de los principales partidos parlamentarios en un pacto de Estado para la justicia, a realizar en la próxima legislatura.

La respuesta fue desigual. Mientras que, por el PP, Andrés Ollero fundamentó el futuro pacto en la Constitución y el programa de su partido, María Teresa Fernández de la Vega, por PSOE-Progresistas, planteó las reformas "en función de los ciudadanos" y pidió "un compromiso financiero y presupuestario". Desde CiU, Manuel Silva propuso integrar en el pacto no sólo al Parlamento, sino también "al CGPJ y a los operadores jurídicos", y sólo Pablo Castellano, por IU, vio "muy difícil ese pacto de Estado, porque exigiría que los dos grandes partidos renunciaran a este campo para dirimir sus diferencias".

Los promotores de este pacto, desde la sociedad, tras los fracasos sucesivos de las reformas de la justicia propugnadas por los grandes partidos y los diagnósticos certeros, pero no operativos, como el del Libro Blanco de la justicia elaborado por el CGPJ en 1997, parten de que "una sola opción partidaria no puede hacer esa reforma", en palabras de Bodas. En beneficio de "unas resoluciones judiciales en tiempo hábil" para los 12 millones de españoles que cada año piden justicia a los tribunales, Sartorius recordó que "cosas más difíciles se han hecho, como la Constitución y los estatutos de autonomía", por lo que tomó la palabra a los políticos sobre la necesidad, al menos, de ese pacto de Estado, y, en nombre de sus promotores profesionales y sociales, declaró el miércoles, al término del acto celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía: "Tras el 12-M, ¡a la labor!".

El escollo de la elección de los 12 vocales del CGPJ de extracción judicial (la derecha quiere que los elijan los propios jueces; la izquierda, el Parlamento) no se ve como obstáculo para el pacto de Estado. La relación de fuerzas configurará uno u otro órgano de gobierno del Poder Judicial, y en todo caso habrá que distribuir y coordinar sus poderes con los de los Ejecutivos central y autónomos.

Los presupuestos de justicia, que no superan el 1% de los gastos del Estado, han de adecuarse a las necesidades reales, empezando por el incremento sustantivo del número de jueces, una vez calculada la carga de trabajo que debe corresponder a cada juzgado, incluida la atención personal del juez al ciudadano, cuyo conflicto no puede resolverse mediante una declaración ante el oficial como ocurre con frecuencia.

La oficina judicial requiere técnicas modernas de organización, potenciación de los servicios comunes y una informatización íntegra e interconectada. A la cabeza de ese equipo de trabajo debe situarse al secretario judicial, que deberá pasar a depender no de Justicia, sino del CGPJ.

A la reforma de los estatutos de jueces, fiscales y resto de personal hay que unir el de abogados y otros profesionales de quienes los ciudadanos se quejan. Y hay que incrementar las responsabilidades de todos ellos, especialmente de los que más deciden: los jueces.

Otro punto esencial del futuro pacto de Estado es la reforma de la polémica Ley de Enjuiciamiento Civil y el abordaje urgente de la reforma procesal penal. El comprobado buen funcionamiento del proceso social, basado en la oralidad, inmediatez y concentración, que permite sentencias en tres meses, hace aconsejable, según los expertos, traspasar el modelo a las otras jurisdicciones.

La propuesta de pacto de Estado para la justicia se cierra con la iniciativa de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia.