"Recusé a seis jueces y demandé a 14 abogados" Roberto Ibiricu, autor de libros-denuncia

Como buena contable, Maribel Pérez del Pino, de 35 años, casada y con dos hijos, ha calculado lo que le costaría recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra una multa de tráfico impuesta a su marido y, por tanto, también a ella, por exceso de velocidad. "El recurso judicial cuesta más que pagar la multa", afirma, o en términos coloquiales: "Me cuesta más la torta que el pan".La multa es de 30.000 pesetas y plantear un recurso judicial le costaría, ya de entrada, las 200.000 pesetas que le pide el abogado. Además, aunque el matrimonio vive en Toledo, tendrían que recurrir en Cuenca, por haberse producido en esa provincia la supuesta infracción.

Pérez del Pino lamenta esta carestía de la justicia, que impide ganar un caso muy fácil, ya que "el expediente está prescrito, porque no es convincente que Tráfico atribuya a correos el retraso en la notificación de la multa", dice.

El 23 de diciembre de 1992, víspera de Nochebuena, Antonio Pérez Ortín, estudiante de electrónica que entonces tenía 19 años, fue víctima de un tiroteo cuando conducía el automóvil familiar por una calle de Mazarrón (Murcia), acompañado de su madre. Un delincuente con sus facultades mentales perturbadas robó el arma a un guardia civil y la emprendió a tiros con él, quien resultó herido. También mató a un vecino. Una bala perdida impactó en la espalda de Pérez, quien quedó parapléjico e inició una larga lucha jurídica, que resume así: "Llevo siete años a la espera de una indemnización".La Audiencia de Murcia condenó al homicida, pero no reconoció la responsabilidad del Estado por permitir la presencia en la calle de un perturbado. El Ministerio de Justicia negó que se produjera anormal funcionamiento, decisión avalada por la Audiencia Nacional y ahora recurrida ante el Supremo.