Un delegado de la Junta en Jaén dimite por un caso de supuesto fraude

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén, Mateo Herrera, dimitió el martes al ser imputado por el juez en un supuesto delito de falsificación de documentos. El presunto fraude se detectó porque la empresa Cerlín, de Linares, cobró en 1994 casi 12 millones de pesetas por operaciones concertadas con la sanidad pública que nunca llegaron a realizarse o por las que se cobraban cantidades superiores a las estipuladas.

El auto de imputación del juez Saturnino Regidor, que se ha conocido esta semana, provocó la dimisión del delegado, quien justificó su retirada de la política señalando que no quiere que este caso se utilice en contra del PSOE en la campaña electoral. Junto a Mateo Herrera están imputados otros dos cargos de la Delegación de Salud y tres administradores de Cerlín.El fraude se cometió a través del concierto que la sanidad pública estableció con clínicas privadas para eliminar listas de espera quirúrgicas. Concretamente, con Cerlín se pactó que entre abril y octubre de 1994 se realizasen operaciones por valor de 110 millones de pesetas. El concierto se amplió para noviembre y diciembre con un presupuesto de otros 22 millones de pesetas.

Herrera ha eludido cualquier responsabilidad en el caso. Según su versión, los funcionarios decidieron adelantar 12 millones a la empresa para evitar que esa cantidad fuese devuelta a la consejería en Sevilla si no se gastaba durante el año en Jaén. De esta forma, conseguirían agotar el presupuesto para lograr que en 1995 se hicieran más operaciones con cargo a ese dinero adelantado.

El juez ha detectado varias irregularidades. El auto apunta que se pagaron operaciones no realizadas, que se abonaron intervenciones quirúrgicas en especialidades que no eran objeto del convenio y que, en otros casos, se cambiaron facturas para cobrar una operación de las de mayor presupuesto cuando en realidad se había hecho una intervención menor.

Anónimo

Este sistema ha llevado a que el Servicio Andaluz de Salud pierda 11,6 millones de pesetas. El caso se conoció a través de un anónimo recibido en el Ayuntamiento de Linares en plena campaña de las pasadas elecciones municipales. El entonces alcalde, Juan Lillo (PP), recibió documentación en la que se adjuntaban fotocopias de facturas falsificadas. Muchas de ellas estaban modificadas de forma burda, con tachones, para cambiar una operación de menisco por otra de hernia discal. Esto suponía que Cerlín cobraba 250.000 pesetas en lugar de las 90.000 que le hubiesen correspondido.

El Ayuntamiento puso el asunto en manos de la Fiscalía y en septiembre se estimó que había indicios de delito, por lo que el asunto pasó al juzgado número siete de Jaén.

El juez Saturnino Regidor tomó declaración en calidad de imputadas a 10 personas. El auto final sólo imputa a seis personas por falsedad continuada en documento público y, en algunos casos, por fraude.

Los tres imputados de la empresa Cerlín son los administradores de la sociedad en 1994: Juan Manuel López Sagastizábal, Araceli Martínez y Eduardo Bonet. Los dos últimos son un matrimonio de Linares. Bonet es un radiólogo que cuando se hizo público el anónimo negó cualquier responsabilidad administrativa en la empresa. "Nunca he tenido ningún cargo", aseguró. La misma respuesta ofreció Araceli Martínez, quien aseguró que ostentaba el puesto de administradora "de forma simbólica".

La Junta de Andalucía abrió una investigación que terminó con el cese de un funcionario de la delegación el pasado verano. El martes de esta semana dimitió el delegado de Salud después de conocer el auto en el que resultaba imputado.

La dimisión de Herrera ha servido al PP para reclamar dimisiones en cadena en el PSOE de Jaén. El presidente provincial del PP, Miguel Sánchez de Alcázar, considera que el caso debe ser debatido en el Parlamento andaluz y achaca a los socialistas falta de agilidad en la asunción de responsabilidades. IU pide que se llegue "al fondo de esta estafa" y la comparecencia del consejero de Salud, José Luis García Arboleya.