La Junta tiene 206.000 empleados
La función pública ha estado marcada por el acuerdo sobre las 35 horas semanales, los interinos y la subida salarial
El Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha propiciado que las administraciones regionales hayan engordado a pasos agigantados en las dos últimas décadas. La Junta de Andalucía es el ejemplo más evidente y se ha convertido en la comunidad con mayor número de trabajadores bajo su tutela, 206.883, seguida de Cataluña, con algo más de 108.000. Hoy por hoy, según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, en Andalucía hay 39.252 funcionarios al servicio de la Administración central, si bien, en este cálculo, están excluidos los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Además, otras 87.000 personas trabajan en la Administración local en los 769 ayuntamientos y ocho diputaciones de la región.Bien es cierto que hay varias circunstancias que explican este fenómeno: Andalucía es comunidad de primera (junto a Cataluña, País Vasco y Galicia) y ha asumido competencias de tanta relevancia (y con tanto personal) como Sanidad y Educación; es la autonomía con más diversidad territorial (ocho provincias) y es la que tiene más población (7,236 millones de habitantes).
Educación, con 85.258 trabajadores, y Sanidad, con 78.721, son los dos sectores que aglutinan a más personal. El resto, 42.904 empleados, entre funcionarios y personal laboral, trabaja en la Administración general de la Junta. En política de gasto, esto se traduce de la siguiente manera: en 1999, la administración andaluza destinó 875.535 millones de pesetas al pago de su personal, el 33,5% de un presupuesto que ascendió a 2,5 billones de pesetas. Para 2000, ha previsto gastar 913.770 millones en personal, el 33,4% de un presupuesto de 2,7 billones.
Una plantilla y un gasto que la secretaría general para la Administración Pública de la Junta, Presentación Fernández, considera ajustados a las peculiaridades de Andalucía y a la política que quiere aplicar el Gobierno autonómico. "La administración andaluza es joven y cuenta con una dotación de efectivos ajustada", afirma Fernández.
Como principal patrono de la comunidad, la Junta ha tenido fricciones con sus empleados, pero también ha llegado a acuerdos muy relevantes con ellos. Tres acontecimientos, todos ocurridos en el último año, han destacado en la función pública andaluza en la última legislatura. Primero, la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la administración general; segundo, un acuerdo para convertir en funcionarios a 3.200 interinos y tercero, la creación de un fondo que permitirá al personal de la Junta recuperar poder adquisitivo.
La implantación de las 35 horas semanales en la administración andaluza, pactada por la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín y los sindicatos en febrero del año pasado, es una de las principales medidas que ha adoptado el Gobierno de Manuel Chaves para distinguirse en lo social del Ejecutivo de José María Aznar. Desde la Junta se presume de esta iniciativa, que va a costar 5.000 millones de pesetas y que desde octubre ha permitido crear, de forma provisional, 2.100 empleos en la Administración general. Gobernación espera consolidar estos puestos en una futura convocatoria de empleo público.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han aplaudido este acuerdo, que es contemplado con escepticismo por la Confederación de Sindicatos Independientes y de Funcionarios (CSIF). Antonio Tirado y Felipe Falcó, responsables de servicios públicos de UGT y CCOO, respectivamente, subrayan el carácter novedoso de esta iniciativa. "Se están cumpliendo las expectativas", afirma Tirado. "Estamos satisfechos del último año de la Junta, sobre todo por las 35 horas", sentencia Falcó.
Por contra, Manuel Salvador, representante de CSIF, estima que se ha tratado de "una medida política que se hizo deprisa y corriendo y se utiliza para hacer confrontación con el Gobierno central". Salvador añade que, en cualquier caso, la puesta en marcha de la jornada de 35 horas semanales puede ser un instrumento válido "si se hubiese hecho un estudio sobre las necesidades" reales de la administración andaluz, algo que, a su juicio, no se ha realizado.
El segundo rasgo característico de la quinta legislatura ha sido el acuerdo para dar estabilidad a los 3.200 interinos que trabajan en la administración autonómica, muchos de los cuales llevan hasta 10 años en esta situación de incertidumbre. En julio de 1999, Junta y sindicatos rubricaron un acuerdo para intentar buscar solución a un problema que parecía haber llegado a un callejón sin salida. La fórmula que se pactó era convocar concursos-oposición y de méritos para consolidar estos puestos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los ha paralizado tras la presentación de varios recursos, entre otros de CSIF.
Presentación Fernández defiende la legalidad del acuerdo y cree que, finalmente, la situación se desbloqueará, punto en el que coinciden CC OO y UGT. Por contra, Salvador opina que la salida no es idónea, sobre todo porque algunos baremos son "ridículos". "No se comprende que una licenciatura tenga un punto y un curso de 20 horas, cinco", dice.
El último pacto Junta-sindicatos, sellado en octubre, fue sobre las retribuciones y, en este caso, la conformidad de los sindicatos es unánime, aunque con matices de CSIF. A los funcionarios se les va a subir el salario un 2%, la previsión de la inflación para 2000, y, además, se ha creado un fondo adicional para elevar sus ingresos un 1,6% más. Habrá otro 0,3% para los colectivos con sueldos más bajos. "La Junta utiliza políticamente la función pública, no quiere arreglarla sino que va parcheando, aunque en este caso hemos salido beneficiados", admite el portavoz de CSIF.
Pese a la juventud de la administración autonómica, recién cumplida la mayoría de edad, tanto Presentación Fernández como UGT y CC OO coinciden en que éste es un momento crucial para lograr una administración moderna y eficaz.
"Educación, con 85.258 empleados y Sanidad, con 78.721, las que aglutinan a más personal"
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