Algeciras, rehén de la geografía

Algeciras es fruto de una historia accidentada -renació de sus ruinas tras la expulsión de gibraltareños provocada por la ocupación británica en el siglo XVIII- y de una geografía estratégica: a un tiro de piedra de África y a otro del Peñón. Ambas condiciones se aliaron en la década de los sesenta, cuando el franquismo trazó un plan de desarrollo comarcal para el Campo de Gibraltar, poco antes del cierre de la Verja en 1969, que derivó en un auge demográfico.La memoria popular achaca a aquella estrategia franquista, que perfiló la faz de la tercera ciudad más poblada de Cádiz (101.972 habitantes), un objetivo oculto: que los llanitos, cada vez que abriesen sus ventanas, palideciesen de envidia al observar las humaredas fabriles. Algeciras debe, indirectamente, su refundación a los británicos -el rey Mohamed V, ante su incapacidad para defenderla del cerco cristiano, había destruido la ciudad primitiva (Al Jerizat al Hadra) en 1369- y, de ser cierta la creencia popular, también su perfil industrial. A la geografía le debe su vocación de intercambiador portuario en el trasiego marítimo internacional de mercancías legales e ilegales (drogas) y personas (inmigrantes).

La cercanía de Gibraltar (y el blanqueo de dinero), Marruecos (y su producción de hachís) y la Costa del Sol (y las mafias) se confabulan para atraer "el transporte, el blanqueo y el consumo de droga" en la zona, según Miguel Alberto Diz, responsable de la coordinadora antidroga Barrio Vivo, un movimiento muy crítico con "la falta de voluntad" para combatir el narcotráfico. El activismo de Barrio Vivo llega a los tribunales, donde están personados como acusación particular por el fallecimiento de un toxicómano. "Se confunden las muertes por adulteración, que son un asesinato, con sobredosis", explica Diz. A los algecireños les molesta que sólo se les identifique con el tráfico de drogas y las pateras, cuyos flujos atribuyen a la condición fronteriza de la zona. "Deteriora mucho esa imagen de contrabandistas y maleantes", asevera Salvador de la Encina, diputado y portavoz socialista municipal.

A la costa entre Algeciras y Tarifa, donde se produce el mayor goteo de entrada de pateras, arribaron en 1999 miles de inmigrantes. De ellos, 4.600 fueron devueltos a Marruecos. El fenómeno ha convertido el Estrecho en una fosa anónima. Sólo en 1998 se rescataron 32 cadáveres en la costa gaditana. Los voluntarios de Algeciras Acoge, fundada en 1991, están familiarizados ya con las odiseas: niños agarrados a ejes de camiones, magrebíes sepultados por kilos de mercancías y miles de seres con las ropas mojadas que persiguen el sueño europeo. Una red anónima les da cobijo, a pesar de los riesgos. "Ayudar a un ser humano nunca puede ser delito, pero ha habido casos de detenciones por atender a inmigrantes", se lamenta José Villahoz, vicepresidente de la ONG.

Pero Algeciras sólo es un área de tránsito; pocos magrebíes se instalan en la ciudad -los 1.111 inmigrantes residentes superan levemente el 1% de la población-, donde las oportunidades para hallar trabajo no abundan. La ciudad tiene grandes bolsas de economía sumergida -algunas, ligadas a la "narcoeconomía", según CC OO- y una elevada tasa de desempleo (7.475 parados, con un a población de 101.972), un tanto incomprensible dada la pujanza del sector industrial y de la actividad del puerto, uno de los hegemónicos en el Mediterráneo.

La razón de la paradoja reside, en opinión de Miguel Alberto Diz, en la ausencia de "un entramado de pequeñas y medianas empresas para abastecer de bienes de equipo a las empresas del puerto y del polo". "La economía de la zona es cautiva del puerto", añade. Este déficit se explica, en parte, por las pésimas comunicaciones de la localidad. La destrucción de empleos en el sector pesquero -unos 2.500 desde los ochenta- también ha influido. El retroceso de la actividad es "dramático", según el presidente de la Federación de Armadores de Andalucía, Pedro Maza. De los 300 barcos censados en los ochenta sobreviven 111.

Si algo caracteriza a esta ciudad, escasa en señas de identidad, es el ajetreo portuario. Casi cuatro millones de pasajeros y más de 50 millones de toneladas de mercancías circularán por las instalaciones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, según las previsiones del organismo para este año. El motor económico de la ciudad -genera 35.000 puestos, directos e indirectos, el 55% de la población activa- es omnipresente.

El paso del Estrecho

La Operación Paso del Estrecho apenas altera la vida de los algecireños, habituados al trasiego de magrebíes. "De niño, en el barrio de pescadores, abrías la puerta de casa y te encontrabas a alguien haciendo té moruno; en Algeciras estamos acostumbrados a la operación tránsito", explica el alcalde, Patricio González (Partido Andalucista). Una operación con vocación comercial. "No es el pobrecito que viene en patera, son turistas que van a su tierra a los que hay que ofrecer servicios, pero cobrando", sostiene González.

Este ingeniero industrial que gobierna desde 1991 -accedió por una moción de censura con el PP, su aliado actual- es uno de los barones autonómicos del PA, una formación pródiga en líderes localistas que anteponen la defensa de su territorio a cualquier otra cuestión. Patricio González es un claro ejemplo. Prueba de ello es su campaña para convertir el Campo de Gibraltar en la novena provincia andaluza, lo que daría a Algeciras una capitalidad administrativa y política -el peso económico ya lo posee- que zanjaría de una vez por todas su perenne disputa con Cádiz.

El sentimiento de discriminación respecto a la capital gaditana es tan palpable que en los últimos años la Junta de Andalucía ha realizado concesiones excepcionales, como el nombramiento de un subdelegado del Gobierno andaluz en la comarca, la única andaluza que cuenta con tal figura. El agravio es visible incluso en las señales que indican el camino hacia Cádiz, donde se ha borrado el topónimo.

El alcalde se vanagloria de que estas concesiones obedecen a su campaña reivindicativa, pero no le bastan para borrar los agravios. "Los que quieras; si queremos algo tenemos que pagarlo, como la Universidad o la sección de la Audiencia", suelta. El Ayuntamiento es de los pocos que tutela una facultad (la de Derecho) y destina más de 400 millones al año a mantener los centros universitarios.