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EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA'

El comisario De Federico afirma que Ferran Cardenal le recriminó que investigase a fondo

El comisario Enrique de Federico, responsable de la investigación sobre el secuestro, tortura y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, afirmó ayer, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, que en 1995, el entonces director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, le recriminó que profundizase en la investigación del caso. "Él me recriminaba constantemente mi actitud de investigar hasta el final y con todas las consecuencias", precisó De Federico, quien añadió: "Obstruyó más que colaboró".

El que fuera comisario general de Policía Judicial señaló que tuvo muchas dificultades y presiones en su labor. Explicó que fue objeto de seguimientos, que dos individuos ataviados con uniformes de Telefónica intentaron entrar en su domicilio y que incluso una hija suya recibió amenazas. Agregó que denunció estos hechos ante el juez y que tuvo que cambiar de teléfono y adoptar otras medidas de protección. Señaló que nunca supo qué personas intentaron entrar en su casa, aunque puntualizó que le dio la impresión de que pretendían más intimidarle que entrar realmente en el domicilio. El comisario dijo que relacionó esos hechos con las investigaciones por el caso Lasa-Zabala.Miedo cerval

Enrique de Federico señaló que se siguieron todas las líneas de investigación posibles, pero que la que resultó más verosímil fue la de determinados guardias civiles que estuvieron destinados en el cuartel de Intxaurrondo en 1983. Indicó que en Guipúzcoa había muchos rumores sobre quiénes habían sido los autores de los hechos y detalló que recibió muchos datos incluso del entorno de Intxaurrondo. "A mí me llegaron a llamar guardias civiles para ofrecerme datos que confirmaban lo que había declarado Pedro Luis Miguéliz, pero que después no querían declarar ante el juez porque tenían un miedo cerval", dijo De Federico.

Miguéliz, testigo protegido más conocido por su apodo, Txofo, declaró que el guardia Enrique Dorado, imputado como autor material de los hechos, le había contado durante la espera de un alijo de contrabando que él y otros guardias de Intxaurrondo, siguiendo órdenes del entonces comandante Enrique Rodríguez Galindo, habían secuestrado, interrogado, torturado y asesinado a Lasa y Zabala, y que los habían enterrado en cal viva en la localidad alicantina de Busot.

De Federico dijo que uno de esos guardias asustados llegó a declarar en el sumario, pero en calidad de imputado. El testigo pidió permiso al presidente del tribunal para no revelar la identidad del agente, a lo que éste accedió a la vista de que varios de los testigos han cambiado su declaración en la vista y han alegado presiones.

Agregó que se investigó entre policías que tuvieran pistolas Browning, porque posiblemente los asesinatos fueron realizados con un arma incautada a ETA, aunque no se llegó a nada concluyente. En cualquier caso los rumores señalaban que en Guipúzcoa funcionaba el GAL verde (de la Guardia Civil).

El comisario dijo que estuvo destinado en varias comisarías de Guipúzcoa (Zumárraga, Eibar, Irún y San Sebastián) en 1984 y 1985 y que el agente Ángel López Carrillo, uno de los testigos de cargo en este proceso, era una persona muy conocida en San Sebastián porque tenía mucha relación con el gobernador civil Julen Elgorriaga y con el comandante de la Policía Nacional Paulino García. El fiscal le preguntó cómo conocía esos extremos, a lo que De Federico respondió: "Yo lo he presenciado. Él estaba frecuentemente con el gobernador. Cualquiera que haya estado esos años por allí lo puede decir".

Las defensas le preguntaron por qué no investigó las aparentes contradicciones entre las declaraciones de los policías López Carrillo y Julio Vázquez Aira. De Federico dijo que esas declaraciones fueron realizadas ante el juez y que éste acordó un careo, pero nunca le encargó que investigase los extremos de los citados testimonios.

Siglas GAL

El comisario, como ya dijo la ex secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, aseguró que no se pagó a ningún testigo para declarar en este caso, ni en metálico, ni de ninguna otra forma.

También declaró ayer Julián Sancristóbal, ex gobernador de Vizcaya, condenado por el secuestro de Segundo Marey, quien señaló que él fue el inventor de las siglas GAL y que los intentos de secuestro de los etarras Jesús María Larretxea y Mikel Lujua lo fueron con el visto bueno de Rafael Vera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de febrero de 2000