Las asignaturas pendientes del Gobierno popular

Aznar cumple es el título de la página web que el PP ha escrito para hacer balance de sus cuatro años de Gobierno. De 510 compromisos adquiridos en 1996, el Ejecutivo popular ha cumplido 466, según destaca el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. Con un 91,4% de programa ejecutado, el PP cuenta que ha hecho un país "más moderno, más solidario, más libre y con mayor bienestar".El Ejecutivo de Aznar reconoce una mayor eficacia en la aplicación de políticas de empleo (sólo un 4,6% de compromisos pendientes al finalizar la legislatura) y cultura (3,9%) que en el fortalecimiento del Estado de derecho (16,7% de promesas sin desarrollar) o la consecución de una "España plural e integrada" (11,8%). "Desterrada la corrupción, los últimos cuatro años de gobierno han sido los más estables y de mayor progreso y bienestar social conocidos hasta ahora", concluye el PP.

Lo que sigue a continuación es un análisis de las promesas electorales incumplidas y de los planes que los gestores del Partido Popular no han logrado llevar a buen puerto a lo largo de la legislatura.

Menores rebajas fiscales

La realidad acabó con una de las promesas fiscales más sonadas: la reducción del tipo máximo del IRPF del 56% al 40% se quedó finalmente en el 48%. Otro compromiso que asumió el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, fue reducir el número de tramos de la tarifa a tres, pero se quedaron en seis. Estas rebajas menores llegaron, además, con algunos años de retraso. El PP prometió un recorte inmediato y lo ejecutó cuando la legislatura agonizaba.

Educación empantanada

Las principales apuestas educativas del PP se han quedado sin ejecutar. Prometió modificar la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y no lo hizo; anunció cambios en el bachillerato para ampliarlo de dos a tres años y no cumplió; se comprometió a favorecer la escolarización de los niños de cero a tres años con cargo a los fondos del Estado y el progreso ha sido prácticamente nulo. A la misma vía muerta llegó la introducción del segundo idioma para los alumnos de primaria. La reforma de la selectividad, que dio para tantas solemnes declaraciones, ha degenerado en un auténtico galimatías rechazado por las comunidades autónomas y los estudiantes.

En cuanto al profesorado, quedó en el limbo de las promesas la amplia dotación de docentes para sustituciones de corta duración, la catalogación de las enfermedades profesionales y la revisión de la formación inicial.

Pero el mayor fracaso en política educativa, y uno de los principales revolcones parlamentarios del PP, fue el de la reforma de las humanidades en secundaria, encargada por Aznar a Esperanza Aguirre. La algarada política y mediática fue superlativa, incluida una derrota parlamentaria del Ejecutivo a manos de sus propios socios y de la oposición. Al final, en el territorio administrado por el Gobierno central, todo ha quedado en nada.

Planes sociales incompletos

El Gobierno olvidó algunas promesas de política familiar. No existe el fondo de garantía para cubrir los impagos de las pensiones tras un divorcio o una separación que prometió. Para luchar contra los malos tratos domésticos, el Ejecutivo aprobó un plan de acción en 1998 y anunció una inversión de 8.941 millones de pesetas para aumentar los servicios sociales, reformar las leyes para endurecer el castigo y poner en marcha campañas preventivas, entre otras medidas. El plan está vigente hasta este año, pero, según el Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales, aún quedan 5.000 millones por gastar.

En la atención a los mayores, si bien se han incrementado todos los servicios -plazas en residencias, ayuda a domicilio o teleasistencia-, el envejecimiento de la población es más acelerado, lo que hace que no se alcance el mínimo exigido por el Plan Gerontológico, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Sólo 17 hospitales tienen servicios de geriatría, cuando la idea del PP era extenderlos hasta alcanzar a toda la población.

Ambiente de espera

Isabel Tocino, la primera titular de un Ministerio de Medio Ambiente en España, deja el departamento sin haber podido presentar el asunto estrella de la legislatura, el Plan Hidrológico Nacional. Sus colaboradores ya tenían preparado el texto pero, cuando intentó presentarlo, ya estaba vencida la legislatura. En La Moncloa se consideró que un tema como el reparto del agua entre varias comunidades sin haberlo acordado previamente arruinaría la campaña. Así que han sido cuatro años perdidos.

En el cajón se quedan muchas cosas pendientes, unas prometidas y otras obligadas por la UE. Entre las primeras, la Ley de Responsabilidad Civil de Medio Ambiente, que hubiera sido de gran utilidad en la catástrofe de Aznalcóllar, y la de Evaluación Ambiental. Alarmó tanto al secretario de Estado de Aguas y Costas que se vio forzado a dejar por escrito su radical desacuerdo con la directora general que redactó el borrador, Dolores Carrillo, a salvo hoy de semejantes críticas en un despacho de Bruselas.

La ministra ha mostrado su deseo de repetir suerte en un departamento en que ha batido un récord: haber dispuesto de cinco jefes de prensa y tres jefes de gabinete en sólo cuatro años.

Incumplimiento de penas

El Gobierno popular se comprometió a que los condenados por delitos de terrorismo cumplieran íntegramente las penas y no consiguieran su excarcelación anticipada mediante beneficios penitenciarios. Antes habían denunciado al socialista Juan Alberto Belloch por su política de reinserción de presos etarras. Durante el mandato popular no se ejecutó una política tan dura como prometía y se mantuvieron los beneficios penitenciarios existentes para los condenados por terrorismo, aunque de una manera menos flexible que la aplicada por Belloch.

Sin reforma penal

Justicia es otro departamento que no ha hecho realidad el programa del PP. No ha aprobado la reforma del proceso penal que se anunció ni ha conseguido incrementar la responsabilidad de los jueces, como se pretendió. Margarita Mariscal de Gante no consiguió uno de los retos de su mandato. El programa prometía reformar la Policía Judicial "para su especialización y dedicación exclusiva" y conseguir que estuviera adscrita "efectivamente a los juzgados y tribunales, atribuyendo al Consejo General del Poder Judicial la facultad de informar la designación de sus mandos". Incumplido. Tampoco se atendieron los compromisos de reforma de la Fiscalía para garantizar su autonomía y para poner en manos de los jueces los permisos penitenciarios y las progresiones de grado, "acabando con la excarcelación por la vía administrativa". La política de personal también quedó mal parada, pues no se restringió, como prometió el PP, la provisión temporal o interina de las plazas judiciales. Ni se completó la "ordenación e implantación de un sistema informático que abarque desde la informática de gestión hasta la informática jurídica".

Cara energía

El Gobierno abrió el mercado de la electricidad a la competencia en 1997 con la aprobación de la Ley Eléctrica. La libertad de las empresas para competir y generar electricidad es más teórica que real. Dos compañías, Endesa -privatizada por completo en 1998- e Iberdrola, producen casi el 80% de la energía eléctrica que se genera en España. Los precios de la electricidad han bajado en los tres últimos años, pero los usuarios -y en su momento la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico- han cuestionado el recargo del 4,5% de la tarifa eléctrica pactada entre Industria y las eléctricas para pagar a las empresas 1,3 billones en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). Los CTC están pendientes de la autorización de la Comisión Europea.

Pese a la reiteración de los mensajes optimistas, el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aún sitúa a España como uno de los países más caros del mundo en materia energética, con especial repercusión para el usuario doméstico, que, según la organización, financia las sustanciales rebajas de precios de los grandes consumidores.

En el apartado de carburantes, el Gobierno decidió la desaparición del sistema de precios máximos. Los consumidores han pedido repetidas veces a la Administración que investigue supuestos acuerdos para subir precios por parte de las petroleras. En el último año, en línea con la subida del petróleo, el precio de los carburantes, descontados los impuestos, ha subido más de un 40%.

La deuda de RTVE se duplica

Aznar prometió reducir la dimensión de RTVE, garantizar la "objetividad, neutralidad e imparcialidad de la información y respeto al pluralismo" y poner fin al "exorbitante nivel de endeudamiento" dejado por los socialistas en el ente público. Nada de esto ha sucedido. Al cabo de cuatro años, la deuda de RTVE se eleva a 570.000 millones, el doble de la que dejó la gestión socialista. Y la información de la televisión estatal ha provocado no sólo protestas constantes a lo largo de la legislatura, sino una ruptura institucional entre el Gobierno y la oposición, que ha culminado en la denuncia de manipulación de la precampaña formulada por todos los partidos, excepto el PP, ante la Junta Electoral Central.

El doble por Internet

A principios de 1999, Aznar se comprometió a abaratar sensiblemente los precios de la conexión telefónica a la red. Su ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, encargado de hacer realidad el compromiso del presidente, anunció el establecimiento de una tarifa plana de 5.000 pesetas al mes por el uso de Internet. En pocos meses se comprobó el incumplimiento: tras negociar con el Ministerio de Fomento, Telefónica lanzó una tarifa plana de 9.300 pesetas al mes, casi el doble de lo anunciado desde el Gobierno.

Una mili demasiado larga

El PP se presentó en 1996 con la promesa de reducir el servicio militar a seis meses y aumentar la paga de los soldados hasta el 50% del salario mínimo interprofesional (70.655 pesetas al mes). Cuatro años después, la mili dura nueve meses y los reclutas cobran 1.500 pesetas al mes. En materia de Defensa, el pacto de investidura con CiU obligó al PP a reescribir su programa: pasó a defender la profesionalización total de las Fuerzas Armadas y la supresión del reclutamiento forzoso, como muy tarde en diciembre del 2002. La promesa de "acometer por ley una profunda reforma" del Cesid tampoco se ha llevado a la práctica, ni la de aprobar una "Ley plurianual de programas para las Fuerzas Armadas". La falta de ambas leyes ha impedido un control eficaz del funcionamiento del servicio secreto y de las billonarias inversiones militares.

¿Regeneración democrática?

La regeneración democrática contra los escándalos de la etapa socialista marcó el programa del PP, pero el Gobierno incumplió algunos de sus puntos básicos. Así, la prometida reforma del Reglamento del Congreso, con la pretensión de agilizar el procedimiento legislativo, ha quedado en nada. Lo mismo ha sucedido con la reforma de las comisiones de investigación.

La ley de financiación de los partidos ha sido otro de los incumplimientos más notorios, ya que trataba de responder a uno de los escándalos de la época. Su pretensión era exigir transparencia sobre las fuentes de ingreso y gasto de los partidos y el establecimiento de un límite a las aportaciones privadas.

Sin reformas en el Senado

El PP adquirió compromisos programáticos que luego no ha podido cumplir, aunque no sea de su exclusiva responsabilidad. Es el caso, por ejemplo, de su promesa de culminar el proceso de traspasos al País Vasco, Cataluña y Galicia. Lo mismo puede decirse del traspaso de competencias a los ayuntamientos, recogido en el compromiso del Pacto Local.

En cuanto al acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica, el Gobierno se comprometió a realizarlo con todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así lo hizo, pero hubo un incumplimiento previo que vició la posibilidad de acuerdo con todas las autonomías: lo pactó previamente con CiU y la Generalitat catalana.

El PP se comprometió al comenzar la legislatura con la reforma del Senado y no la ha hecho. No sólo ha paralizado la comisión que trataba de convertir el Senado en Cámara territorial. Ni siquiera ha cumplido el compromiso de convocar debates anuales sobre el estado de las autonomías. Sólo se ha celebrado uno en toda la legislatura.

Menos investigación

En investigación científica y desarrollo tecnológico, España sigue muy alejada de la media europea, y mucho más si se compara con los países más desarrollados en cuando a I+D. Y eso pese a las promesas del Gobierno del PP de aproximación al nivel medio europeo. En 1999, el gasto fue de 226.000 millones de pesetas, lo que significó recuperar el nivel de 1991 y remontar por fin la caída registrada desde entonces.

Para este ejercicio, el presupuesto es de 242.000 millones. Pese a ello, España sigue en el 0,9% del PIB dedicado a I+D, cuando la media europea ronda el 2%. El PP maquilla el esfuerzo en I+D al sumar 266.000 millones que corresponden a créditos para fabricación de aviones militares, fragatas y carros de combate.