Comienza un juicio por irregularidades en la Cámara de Comercio de Málaga

Cuatro empresarios y dos notarios se sentarán a partir de hoy en el banquillo por su supuesta participación en la falsificación de más de 2.000 votos por correo en las elecciones celebradas hace dos años en la Cámara de Comercio de Málaga. Entre los imputados está Francisco Repiso, hotelero y ex vicepresidente de la institución, para el que la Fiscalía pide dos años y tres meses de prisión, inhabilitación para el sufragio y multa de diez meses con una cuota diaria de 3.000 pesetas por un supuesto delito continuado de falsificación en documento oficial.

El Ministerio Público reclama la misma pena para Javier Taillefer, abogado y vocal de la Cámara; Rafael Jiménez y Félix Sicsu, ex vocales del pleno. Los cargos también son los mismos. Para los notarios Francisco López e Ildefonso Casasola, el Ministerio Fiscal propone una multa de 10 meses a razón de 4.000 pesetas diarias y la suspensión de empleo durante nueve meses por un presunto delito de falsedad.El ministerio público, sin embargo, no incluye en su calificación los cargos de delito electoral y robo, que sí fueron invocados en su momento por el juez instructor para ordenar la detención de los empresarios en abril de 1998.

Según apunta la Fiscalía en su calificación, Repiso, Taillefer, Sicsu y Jiménez "con el fin de obtener un mayor número de votos, tanto en sus candidaturas como en sus proyectos de coalición, consiguieron hacerse de fotocopias de documentos nacionales de identidad pertenecientes a los electores y de fotocopias de escrituras públicas de apoderamiento de personas jurídicas, sociedades electoras, y tras obtener de la Cámara de Comercio impresos de solicitudes de voto por correo sin el consentimiento ni conocimiento de los electores, imitaron sus firmas".

Certificación de firmas

Siempre conforme al relato del fiscal, los cuatro imputados acudieron a la notaría de López y Casasola, donde certificaron que las firmas que figuraban en las fotocopias coincidían con los originales. En realidad, según la calificación del acusador, "en muchos de los casos no comprobaron que los documentos originales no habían sido presentados" y dieron por válidas rúbricas que eran apócrifas.

Los hechos que se juzgarán a lo largo de esta semana se remontan a marzo de 1998. El presunto fraude se destapó después de que el secretario general de la institución advirtiera que cientos de peticiones de voto por correo estaban firmadas con idéntica letra, el mismo bolígrafo y remitían sólo a tres apartados postales de la provincia.

Las supuestas irregularidades fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga después de que los peritos calígrafos de propia Cámara de Comercio local comprobaran la existencia de 2.316 solicitudes de voto por correo apócrifas o dudosas.

El 29 de abril de 1998, tras oír el testimonio de más de 1.500 asociados, la brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Policía de Málaga procedió a la detención de los cuatro empresarios, aunque al día siguiente se dispuso su puesta en libertad sin fianza.

Las irregularidades causaron en aquel momento bastante revuelo entre el empresariado malagueño por el daño que provocaron a la imagen de la Cámara de Comercio, una de las instituciones más importantes de la provincia, a la que están adscritos empresarios y profesionales autónomos.