El miedo al inmigrante ANTÓN COSTAS

Los sucesos de El Ejido han sorprendido a la sociedad española y le han hecho ver que la existencia de guetos, la intolerancia y el racismo no es cosa de otros países, sino una realidad muy próxima. Está en El Ejido, en Terrassa, en Girona o en Madrid. Es decir, está allí donde exista el otro. Y no se debería ser demasiado optimista con respecto a la capacidad de acogida de la población autóctona para desarrollar, si no una convivencia plena, sí al menos una fuerte tolerancia con esa realidad.España es el país de la Unión Europea con menor número de inmigrantes: un 1,5% de la población total, frente al 7% de Francia, el 9% de Alemania y el 10% de Austria. Pero eso no significa que el margen para la tolerancia frente a la inmigración sea mayor en nuestro caso. Por el contrario, puede ocurrir fácilmente que el miedo al inmigrante sea más rápido, visceral e irracional aquí que en otros lugares donde la presencia de emigrantes ha sido un proceso gradual y además se produjo en épocas donde las economías creaban más empleo y las tasas de paro eran bajas o inexistentes. Ahora, por el contrario, existen importantes bolsas de trabajadores autóctonos parados. Esta situación es la que, de forma irracional pero fácil, puede fomentar la percepción de que los inmigrantes quitan empleo a los trabajadores nacionales. Que esto ocurra no depende de que el porcentaje de inmigrantes sea bajo, sino de la percepción que se tenga sobre cómo está evolucionando su tasa crecimiento.

Queramos o no, los flujos migratorios hacia España aumentarán en los próximos años. Por un lado, porque necesitaremos más inmigrantes, tanto para atender a las necesidades de puestos de trabajo que no son cubiertos por trabajadores nativos como para rejuvenecer nuestro sistema de Seguridad Social, basado en el reparto desde los activos a los jubilados. Por otro, porque las fuerzas que impulsan esos flujos desde los países de origen seguirán actuando. Algún control se puede y se tendrá que ejercer, pero tratar de evitar esos flujos es como querer poner puertas al campo. La mayor parte de los ilegales no entran en pateras o saltando verjas, entran como turistas que después prolongan su estancia. Y frente a esto poco se puede hacer.

Pero debemos ser muy conscientes de que la primera línea donde se juega el éxito de la inmigración es el mercado de trabajo. Desde este punto de vista, los inmigrantes pueden significar una nueva fuente de riqueza, a la vez muy productiva y barata, para los países que los acogen. Acostumbran a estar en la edad de mayor capacidad de trabajo y, por otro lado, vienen con un capital humano en formación que el país receptor no ha pagado, pero del que se aprovecha. Por eso hace falta desarrollar una política informativa y de persuasión hacia la opinión pública, los trabajadores nacionales y los sindicatos orientada a poner de relieve que los inmigrantes no quitan empleo, sino que por el contrario ocupan empleos que los nacionales no están dispuestos a cubrir y, por otro lado, ayudan al sostenimiento futuro de las pensiones de jubilación basadas en el sistema de reparto. Pero para que eso ocurra es necesario legalizar económicamente a los inmigrantes, incorporándolos a todos los mecanismos del mercado de trabajo, de la Seguridad Social y del sistema impositivo.

Tal vez las reflexiones económicas son la parte menos relevante del problema que plantea la inmigración. Pero las dificultades para la integración, la formación de guetos, el racismo o los brotes de violencia son cuestiones que no se solucionan sólo con llamamientos morales y exhortaciones a la tolerancia. El hecho de que los comportamientos racistas sean inaceptables en una sociedad libre, democrática y solidaria, o que el miedo al emigrante sea irracional desde el punto de vista de los intereses de la economía nacional, no significa que no se puedan volver a producir. Por eso, hay que preparar con tiempo una política inmigratoria consciente. Es decir, una política que no impida sino que ordene el caudal de inmigrantes e influya en su selección, a la vez que pone en marcha los mecanismos necesarios para lograr la incorporación de los inmigrantes a la vida económica, social, política y cultural del país que les acoge.