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El Reino Unido mejorará sus orfanatos con 104.000 millones extraordinarios

Isabel Ferrer

Abrumado por el escándalo del abuso de menores perpetrado durante dos décadas en hogares de acogida de Gales, destapado el pasado martes por el informe Waterhouse, el Gobierno británico destinó ayer 400 millones de libras extra (104.000 millones de pesetas) a la mejora de la asistencia social nacional. Las autoridades locales, entretanto, buscan el paradero de 28 directores y empleados de diversos centros para niños, para que respondan de las acusaciones de maltrato de los pequeños que tuvieron a su cargo.Ronald Waterhouse, antiguo juez del Tribunal Supremo que ha compilado el informe, asegura en el mismo que el peligro no ha pasado, y los menores acogidos "siguen expuestos a toda clase de abusos". El Ministerio de Sanidad ha respondido con prontitud a dos de sus peticiones más claras: aumentar la dotación de fondos y nombrar un Defensor del Menor. Waterhouse quería que cada autoridad local contara con una figura similar. El Gobierno ha preferido nombrar un consejero de menores que coordinará las labores de protección.

La otra tarea urgente, encontrar a los 28 directores y asistentes adscritos a los centros de menores, será más complicada. En paradero desconocido desde el punto de vista oficial, el Gobierno teme que sigan trabajando en el ámbito de la protección de menores. Las autoridades locales y los servicios sanitarios han recibido la orden de repasar todos sus archivos y listas de empleo. Para ayudarles en esta tarea, Sanidad decidió ayer incluir el informe Waterhouse en Internet.

Para los 650 niños maltratados, muchos de los cuales siguen traumatizados en la vida adulta, medios jurídicos británicos señalaban ayer que podrán reclamar indemnizaciones millonarias que tal vez les ayuden a afrontar mejor el futuro.

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