Más que un ridículo

El Gobierno tendrá que dar explicaciones oficiales a Londres acerca de la filtración de los informes médicos sobre Pinochet que Exteriores había recibido bajo exigencia judicial de confidencialidad. El fiscal general del Reino Unido ha recabado datos sobre esta violación de la resolución dictada por la Corte de Apelación de Londres. En todo caso, la filtración de los informes médicos puede acabar incidiendo sobre los procedimientos en curso contra Pinochet. Con este catastrófico error del Ejecutivo, que Londres ha calificado de "lamentable", España se ha convertido en un Estado poco de fiar para los demás. Sería difícil haberlo hecho peor.Dada la secuencia de los acontecimientos, cabe descartar que la filtración partiera del juez Garzón, que dictó originalmente la demanda de extradición. Es al propio Ejecutivo, y en particular a Exteriores, vehículo de transmisión de la justicia británica y responsable de garantizar la confidencialidad de los documentos, a quien corresponde en primer lugar aclarar lo ocurrido. Máxime cuando el propio ministerio había solicitado oficialmente el 11 de febrero -hace tan sólo seis días- ser el destinatario de los polémicos peritajes médicos si el tribunal de apelación decidía finalmente entregarlos a las partes. En vez de reconocer su error, el Gobierno ha abundado en el ridículo: en respuesta escrita a este periódico, Exteriores divaga sobre el hecho de que se trate de "una de las informaciones periodísticas más atractivas de los últimos tiempos".

En repetidas ocasiones hemos defendido el derecho del público, sobre todo de las víctimas personadas en el sumario, a conocer el contenido del informe médico que permitirá a Straw sustraer a Pinochet de la justicia. El interés general ampara, por tanto, a los medios que lo han publicado. Otra cosa es que la antena emisora se aloje en las altas esferas de Exteriores, lo que infringe las normas más elementales de confianza entre Estados -sobre todo al tratarse de un proceso de extradición-, y pone en la picota las reiteradas declaraciones del ministro de respeto a las decisiones judiciales. En esta ocasión la confidencialidad era precisamente exigencia de un tribunal. Matutes ha llegado a invocar la amistad con Londres, entre diversas razones, para no recurrir la decisión política que adopte Straw. Es difícil imaginar gesto más inamistoso que esta filtración.

Habrán de depurarse responsabilidades políticas e incluso judiciales. El mismo ministro que buscaba ávidamente los días pasados a la prensa para presentar sus puntos de vista no tuvo tiempo ayer de dar la cara. Si quería evitar el "ridículo" con un recurso, a su juicio inútil, frente a la decisión administrativa de Straw, ahora lo ha conseguido gratis. Es un hecho que ensucia la marca España que Aznar exhibe como propia.