El PSOE asegura que el alcalde oculta datos igual que hace Gil en Marbella

Pedro Bujidos, concejal de Hacienda y principal valedor de la honradez del alcalde, José María Álvarez del Manzano, ha sido denunciado ante los tribunales por denegar a la oposición las facturas de la cuenta restringida del regidor de 1991 a 1998. Los ediles socialistas Ruth Porta y Rafael Simancas presentaron ayer un recurso contencioso por denegación de derechos constitucionales y equipararon el obstruccionismo del regidor madrileño con el de Jesús Gil, alcalde de Marbella.

El más firme valedor del alcalde en la crisis desatada por los gastos de la cuenta restringida, Bujidos, amigo, vecino y concejal por decisión de Álvarez del Manzano, fue ayer denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso del PSOE denuncia "la resolución del concejal delegado de Hacienda fechada el 14 de febrero por la que se niega el examen directo y se condiciona el acceso a una serie de documentos que habían solicitado, a la elaboración de un informe por intervención". La pretensión del PSOE es "que se declare que se han violado derechos constitucionales en su condición de concejales y se condene al Ayuntamiento a facilitar de inmediato el examen solicitado por los mismos".El recurso cita una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de diciembre de 1995 que invalidó un argumento similar del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), entonces encabezado por Eduardo Zaplana,del PP, actual presidente de la Generalitat Valenciana, para no facilitar la contabilidad: que dicha documentación se hallaba pendiente de un informe del interventor. La sentencia afirma que "la fiscalización de la actividad económica que pueda realizar el señor interventor no excluye o impide la que puedan realizar los concejales o grupos políticos". El PSOE ha sacado conclusiones: "Como vemos, la excusa en aquel caso era idéntica a la que nos ocupa".

El recurso cita un segundo ejemplo de jurisprudencia favorable a sus tesis, del 27 de junio de 1996, que versa sobre el aplazamiento de una información solicitada por unos concejales de Orellana de la Sierra (Badajoz). El fallo proclamaba su derecho a "un acceso directo a los antecedentes, datos e informes que obren en los servicios de la Corporación para poder obtener de ellos los elementos que se estimen oportunos a efectos de poder ejercer un real y efectivo control de las actuaciones municipales". Finalmente, se cita la sentencia del Supremo del 22 de enero de 1996, referida a un caso de Vega de Pas (Cantabria). "Cuando a un representante de los ciudadanos que no forma parte del gobierno municipal se le entorpece en el desarrollo de sus funciones impidiéndole el acceso a datos e informaciones a los que tiene derecho se está cometiendo una acción gravemente censurable que atenta a un principio básico en el funcionamiento del sistema democrático".

Los ediles socialistas, aunque no la usaron como jurisprudencia, sí esgrimieron una sentencia del Supremo de noviembre pasado que desestimaba un recurso del Ayuntamiento de Marbella contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimó un recurso de los socialistas contra la denegación de información municipal. Tal sentencia le permitió a Porta establecer un paralelismo: "El alcalde de Madrid está actuando como Jesús Gil, alcalde de Marbella, que fue el último regidor condenado el pasado 12 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por no entregar documentos a la oposición".

En el aire

Gil fue condenado, remachó esta edil, después de negar el acceso del grupo socialista de Marbella a documentos contables, "lo mismo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid". "Gil y Manzano hacen lo mismo para negar el acceso a la información necesaria e impedir que la oposición ejerza sus derechos democráticos. Lo que ahora está en el aire es si realmente existen esas facturas y si Álvarez del Manzano puede justificar los 56 millones que le han prestado los madrileños durante los últimos ocho años. Las preguntas son demasiado graves y las dudas y sospechas llevan a concluir que se puede estar haciendo cualquier cosa en el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos sólo para ocultar un proceso que parece inevitable".

Sobre la afirmación de Bujidos de que en su etapa de miembro del Tribunal de Cuentas se descubrieron anomalías en 8.000 millones sin justificar en la etapa socialista del Ayuntamiento de Madrid, Porta replicó: "Si tiene algo que alegar sobre esas cuentas, y no lo denunció en su momento, incurrió en un delito de encubridor y a lo mejor está más acostumbrado a eso".