Los regantes de Pego logran convertir la mayoría del marjal en cultivos ante la pasividad de la Generalitat. Modrego elude denunciar el delito y los ecologistas piden dimisiones

El Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva es una inmensa finca agrícola. En lo que constituye uno de los mayores atentados ecológicos en la historia reciente de la Comunidad Valenciana, los agricultores pegolinos ya han transformado la inmensa mayoría del marjal en cultivos tras desecar y roturar en los últimos días, ante la pasividad de la Generalitat y de la fuerzas de orden público, la zona de más valor ecológico. Los lagos de Els Lluentes, ubicados en el centro del paraje natural, aparecían ayer transformada en un gran campo de arroz. Las 50 hectáreas de estos terrenos, correspondientes al término municipal de Pego, han sido roturadas y preparadas para el cultivo del cereal. Una superficie catalogada como "de especial protección" en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del humedal que el Consell aprobó el pasado año, por su alto valor medioambiental, ya que es un lugar de nidificación de aves protegidas, y de fauna y flora autóctona. Todas las agresiones han contado con el apoyo de la Comunidad de Regantes de Pego y el Ayuntamiento de esta población, que dirige el independiente Carlos Pascual.El pasado año, Els Lluents ya protagonizaron otra agresión de un grupo de trabajadores que taponaron uno de los principales canales que alimentaba los lagos y produjeron un grave daño en la zona. Fue esta actuación, y el hecho de que se produjera pocas semanas antes de la convocatoria de elecciones autonómicas, el detonante de la precipitada reacción del Consell que aprobó, en cuestión de días, el PORN que llevaba en la nevera cuatro años.

El cierre, por orden del juzgado de Dénia, de las bombas utilizadas para desecar el humedal, que fueron precintadas el pasado mes de diciembre, ha sido respetado. Ahora bien, estos motores han sido sustituidos por nuevas tuberías, canalizaciones y maquinaria que, en el centro del marjal, y a plena luz del día, están siendo utilizadas para posibilitar el riego por goteo de los campos ilegales de hortalizas que han sido plantados en pleno corazón del parque. Ayer, varios agricultores, con tractores, cultivaban las tierras con total impunidad.

La única reacción de ayer de la Consejeria de Medio Ambiente fue una escueta nota de prensa de la directora de Planificación y Gestión del Medio, Amparo Monrós, en la que reitera que "defiende, ha defendido y seguirá defendiendo la legalidad". En el escrito pide a los agricultores que "acepten el ofrecimiento de diálogo, siempre en el marco de respeto a los instrumentos de protección del marjal". Pero a día de ayer no había denunciado las últimas agresiones al marjal ni en la Guardia Civil ni en el juzgado de Dénia que instruye los delitos contra el paraje natural.

Mientras, tanto la oposición como los ecologistas se han aprestado a criticar la "hipocresía y la incapacidad" del consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, por no haber garantizado la integridad del humedal ni denunciar las agresiones. Los socialistas pidieron su comparecencia urgente en Cortes para explicar la brutal agresión.

Y Acció Ecologista-Agró ha exigido tanto la dimisión del director del parque, Vicente Urios, como la de Monrós. Tras recordar cómo han pasado cuatro años desde que empezó el acoso, Agró criticó el ofrecimiento de diálogo lanzado por Monrós a los agricultores pegolinos: "¿Va a ser una práctica habitual de esta consejería ofrecer diálogo a los delincuentes habituales?".

Muchos responsables

Agró también señala la responsabilidad de otras administraciones. Como la Delegación del Gobierno, que ha de velar por los intereses del Ministerio del Medio Ambiente y supervisar que la Guardia Civil cumpla su obligación de impedir la comisión de un delito conocido por todos. La Confederación Hidrográfica del Júcar, "muda y ciega ante el desvío de cauces y caudales, bombeo de aguas dulces al mar, contaminación de las aguas, arrasamiento de vegetación de ribera...". La Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, responsable de que los acuerdos municipales, en este caso los de Pego, no sean contrarios a derecho. La de Agricultura, "que está colaborando con los agresores vía subvenciones". Y el Consejo General del Poder Judicial, por no investigar las dilaciones del proceso que se sigue en el juzgado de Dénia.

Por su parte, Ecologistas en Acción, formación conservacionista de implantación nacional, explicó ayer que el pasado 10 de febrero ya denunció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil los últimos vertidos de grava, escombros y arena en el río Bullent, junto al alto conocido como Muntanyeta Verda y próximo a els blaus de Bullent.