Un nuevo poder social

El nuevo Gobierno andaluz heredará varios planes económicos que cuentan con el apoyo de sindicatos y empresarios

El Gobierno andaluz que salga elegido en la convocatoria electoral del 12 de marzo deberá condicionar sus decisiones a múltiples factores: la financiación autonómica, las competencias asumidas, la cuantía de los fondos europeos, la planificación en infraestructuras realizada en anteriores legislaturas... La nueva Administración regional, cualquiera que sea su color político, heredará también un diálogo social consolidado que, en muchas ocasiones, ha convertido a sindicatos y empresarios en socios de la actuación de la Junta de Andalucía.La preocupación de los agentes sociales por pactar con el Gobierno autonómico las grandes decisiones económicas viene de lejos. "Tenemos una tradición muy fuerte, fuimos pioneros en el modelo de concertación, con acuerdos bilaterales con la Junta en los años ochenta", recuerda Julio Ruiz, secretario regional de CC OO. La última legislatura, con el PSOE y el PA en el Ejecutivo regional, ha consolidado los mecanismos de comunicación: ahora, en la mesa social se sientan las tres partes (sindicatos, empresarios y Administración) y, en muchas ocasiones, llegan a un acuerdo.

La renovación del Pacto por el Empleo, en 1997, ha sido el acuerdo de más calado de la pasada legislatura: UGT, CC OO y la Confederación de Empresarios de Andalucía firmaron con la Consejería de Industria un plan que destinaba, a través de incentivos, 200.000 millones a las empresas que creen puestos de trabajo; los sindicatos y la patronal intervienen también en el diseño de la formación profesional.

El empleo es el campo de juego natural de los agentes sociales pero sus acuerdos con el Ejecutivo han ido mucho más allá. La firma de sindicatos y empresarios se encuentra en la ley de Turismo, el Plan Industrial de Andalucía (1999-2003), el Plan Director de Infraestructuras (1997-2007); y también han participado en la elaboración de las propuestas de inversión que ha realizado la Junta a la Administración central para que las incluya en el Plan de Desarrollo Regional que debe asignar los fondos comunitarios del periodo 2000-2006.

Los acuerdos han sido muchos, aunque también ha habido desencuentros: los incentivos a la reducción de jornada laboral y, más recientemente, el Plan de Modernización de la Agricultura, sólo han contado con el refrendo sindical. En todo caso, el próximo Ejecutivo se encontrará con una batería de planes macroeconómicos en marcha; aquí, socialistas y andalucistas se han anotado un tanto: el nuevo Gobierno tendrá difícil desactivar propuestas apoyadas por los agentes sociales; si no quiere asumirlas tendrá que pagar el alto coste de las movilizaciones.

El mapa sindical andaluz muestra una concentración similar a la del resto del país, si cabe ligeramente superior. Según los datos ofrecidos por UGT, el periodo electoral recién concluido ha situado a este sindicato con el 43,7% de los delegados sindicales, frente al 41.09% de CC OO. Las centrales mayoritarias apenas dejan el 15% al resto de organizaciones representativas de los trabajadores.

"En la próxima legislatura, se debe aprobar una Ley de Participación Institucional que garantice el papel de interlocución de los sindicatos", explica el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, quien recuerda que sólo las centrales sindicales "tienen la legitimidad de ser elegidas de modo democrático".

"Las organizaciones empresariales tienen carencias democráticas, su representación les viene otorgada por el reconocimiento de las otras partes", subraya Ruiz. Eso sí, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha conseguido aglutinar a la inmensa mayoría de la patronal de la región. En la CEA están asociadas más de 600 organizaciones empresariales, que representan intereses sectoriales y territoriales y que, a través de la Asamblea (290 delegados) eligen por mayoría a su presidente.

Movilizaciones

Los logros de la concertación social no han impedido que los sindicatos se echen a la calle para tratar de modificar la postura del Ejecutivo andaluz en algunas materias. La situación de los funcionarios interinos y los conflictos de la enseñanza han provocado las mayores movilizaciones; en la primera parte de la legislatura, la Junta obvió los conflictos, pero en el último año ha cedido terreno y ha llegado a acuerdos en casi todos los casos.

En estas movilizaciones, el papel jugado por sindicatos sectoriales como CSIF (con una alta representación entre los funcionarios), ANPE o Ustea (en la enseñanza) ha arrastrado a las centrales mayoritarias a postulados más extremos; UGT y CC OO tenían que velar aquí por no perder delegados sindicales. En todo caso, la presión dio sus frutos: la Junta se comprometió a convertir los 3.200 interinos de la Administración autonómica en funcionarios estables y aceptó muchas propuestas para equiparar los sueldos y las condiciones de los profesores de la enseñanza pública y privada a niveles nacionales.

La intensidad de los contactos entre el Gobierno andaluz y los sindicatos de la pasada legislatura ha dejado también su rédito electoral. A pesar del pacto, CC OO y UGT han evitado pedir expresamente el voto para PSOE e IU; pero sí han visto como los socialistas admitían con una celeridad inusitada la mayor parte de las propuestas que han presentado a todos los partidos políticos.