Siete meses para cumplir una orden
El Tribunal Superior de Madrid ha tenido que instar en dos ocasiones al Ayuntaminto de Madrid para que abra el expediente sobre reducción de horarios solicitado por los vecinos del llamado barrio de las Letras. Los vecinos apelaron al tribunal en marzo de 1999, tras ver frustradas sus aspiraciones ante el Ayuntamiento. El alto tribunal dictó un auto en julio pasado en el que, sin entrar en el fondo del asunto (es decir, si los vecinos tenían razón al solicitar la reducción de horario de los locales), instó al Ayuntamiento a que respondiese a los denunciantes y abriese el oportuno expediente. El auto fue una resolución novedosa por cuanto el tribunal dejó claro que el municipio tiene la obligación, ante cualquier denuncia vecinal, de abrir un expediente y resolverlo, y que nunca debe dar la callada por respuesta.Antes de Navidad, los jueces del Tribunal Superior recibieron un escrito del Ayuntamiento, acompañado de un plano de Madrid, en el que la Policía Municipal les pedía que delimitasen sobre el plano el barrio de Las Letras. El tribunal, sorprendido por la petición, dictó entonces una providencia en la que, por segunda vez, instaba al Ayuntamiento a abrir el oportuno expediente y a contestar a los denunciantes. Paralelamente, los jueces recordaban al Ayuntamiento que su misión no es delimitar una zona urbana, sino fiscalizar las resoluciones de la Administración, que debe actuar de buena fue en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Siete meses ha tardado en cumplir esta orden
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