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Elecciones 2000

Un plan de empleo para los 'superbeneficios'

La dirección del PSOE encargó hace un mes a un grupo de expertos un plan para gravar con un impuesto especial los superbeneficios de las empresas privatizadas. Algunas de las empresas afectadas por dicho impuesto serían Telefónica, Endesa y Repsol. Todas ellas tienen en común su paso del sector público al privado en esta legislatura, su poder monopolístico en su ramo y la obtención de enormes beneficios con los que se lucran sus empresarios, que suelen haber sido nombrados por el Ejecutivo.El objetivo del plan del PSOE es, según el autor de su programa, Juan Manuel Eguiagaray, "revertir en bien de toda la sociedad, recursos que eran de ella y que pasaron a manos privadas". Los recursos que las arcas del Estado obtengan por la aplicación del impuesto se destinarán a impulsar el empleo juvenil y femenino, según Eguiagaray, que, a su vez, garantiza que esa presión fiscal no deberá afectar a decisiones futuras de inversión de estas empresas.La medida iría acompañada de una rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas y cambios en la regulación legal.

Más información
El 'windfall tax' británico

El plan socialista está inspirado en las medidas que adoptó el Gobierno laborista británico cuando alcanzó el poder. El manifiesto electoral de los laboristas incluía un impuesto especial, en régimen único, sobre los beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas de servicios públicos. Conocido como windfall tax, fue la fórmula del actual ministro de Finanzas, Gordon Brown, para penalizar los excesos del programa de privatizaciones de las anteriores Administraciones conservadoras. Los beneficios para el Tesoro, un total de 5.200 millones de libras (1,5 billones de pesetas) se destina a la promoción del empleo entre los jóvenes y los parados de larga duración.

El tiempo ha demostrado que los Gobiernos de Thatcher y Major infravaloraron el precio de salida de algunos ex monopolios estatales. Por otra parte, la política salarial de los directivos de las industrias privatizadas, gas y agua particularmente, fue foco de feroces críticas. Los salarios desorbitados, opciones sobre acciones incluidas, al tiempo que se ejecutaba una masiva remodelación del personal, contribuyeron a la aceptación popular de la fórmula Brown. Los temores a provocar una fractura en las relaciones entre la industria y el neolaborismo no llegaron a materializarse.

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