El 'windfall tax' británico

El windfall tax, impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de servicios públicos privatizadas, lo introdujo el nuevo Gobierno laborista británico en sus primeros Presupuestos, en julio de 1997, y se dirigía a "compañías privatizadas con emisión de acciones en bolsa y reguladas por ley". Una definición vaga para evitar pleitos legales en el Reino Unido y en los tribunales europeos.El impuesto afectó finalmente al sector eléctrico (escapó la National Grid, la red de suministro nacional), las industrias de agua y gas y compañías como British Telecommunications (BT), BAA (aviación y aeropuertos) y Railtrack, propietaria de la red y estaciones de ferrocarril. Cada empresa pagó una tasa del 23% sobre la diferencia entre el valor de la compañía en su lanzamiento en bolsa y el valor calculado en referencia a los beneficios durante los cuatro años siguientes a la privatización. En total, el Tesoro recaudó 2.100 millones de libras (562.000 millones de pesetas) del sector eléctrico, 1.650 millones de libras (442.000 millones de pesetas) de los antiguos monopolios regionales de agua, y unos 1.450 millones (388.000 millones de pesetas) de otras privatiaciones, incluidos 500 millones (134.000 millones de pesetas) de BT.