Huelga general en la construcción

Los próximos días 24 y 25 de este mes va a tener lugar, en la Comunidad Valenciana al igual que en el resto del Estado, una huelga general en el sector de la construcción convocada por las federaciones sectoriales de UGT y Comisiones Obreras y apoyada, al mismo tiempo, por una manifestación contra la siniestralidad laboral que tendrá lugar el día 24 por la tarde en Valencia, convocada en este caso por las ejecutivas de UGT y CC OO del País Valenciano.Los datos que manejamos en UGT relativos a la siniestralidad en nuestra Comunidad son realmente apabullantes, como apabullantes son los referidos al sector de la construcción. Si todavía hay alguien que pueda pensar que la huelga general en la construcción no está más que justificada debería prestar atención a estos escalofriantes datos: de un total de 117.000 trabajadores de la construcción censados en la Comunidad Valenciana en 1999, 21.000 sufrieron durante el pasado año un accidente laboral, es decir uno de cada cinco se accidentó; de estos accidentes, más del 10% resultaron graves y fueron más de 30 los trabajadores que perdieron la vida; entre 1999 y lo que llevamos de 2000, ha habido en el sector de la construcción en nuestro país más de 300 muertos como consecuencia de un accidente de trabajo, casi un muerto diario; en los últimos siete años los accidentes en la construcción en nuestra Comunidad casi se han duplicado.

¿Qué es lo que está ocurriendo? El crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos años ha tenido, lógicamente, su reflejo en el desarrollo y expansión de un sector como es el de la construcción, auténtico termómetro que marca el auge o el declive económico de un país y de una Comunidad. Este boom en la construcción ha reportado unos cuantiosos beneficios económicos a las empresas del sector que en vez de ser invertidos, aún en parte, en dotarlas o mejorar sus medidas de seguridad para prevenir accidentes y en aportar estabilidad laboral a sus plantillas y crear nuevo empleo con condiciones dignas, han ido a parar al beneficio puro y duro.

En este sentido, hay que apuntar que la eventualidad laboral en el sector de la construcción en la Comunidad Valenciana es del 80%, un 20% superior a la media estatal. Paralelamente al auge del sector de la construcción y a los beneficios empresariales, en 1996 se promulga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) con lo que nuestro país pasa a tener una legislación apropiada, moderna, similar a la existente en los demás países de la Unión Europea, pero una ley que desde su promulgación y posterior desarrollo reglamentario es sistemáticamente incumplida.

Si la excusa antes era la inexistencia de una legislación eficaz y la vigencia de normas que estaban obsoletas, ahora el problema es de primera magnitud.

El 54% de las empresas de la construcción no asumen su obligación de realizar la evaluación inicial de riesgos para evitar accidentes en el trabajo, tal y como consta en la LPRL, siendo las empresas de menor tamaño las que más incumplen esta obligación (el 82,7% de empresas de 6 a 9 trabajadores; el 62,4% de las empresas entre 10 y 49 trabajadores; el 35% de las que tienen entre 50 y 249; y el 26% de las de 250 o más).

Los empresarios en general, y los de la construcción en particular, incumplen la ley, siguen contratando masivamente con carácter temporal y precario y, salvo rarísimas excepciones, no invierten en prevención de riesgos laborales ni en formación considerando, de forma totalmente equivocada, que dichas inversiones no son rentables en términos económicos (piensan que la inversión en prevención de riesgos laborales es un gasto sin más; no piensan en los enormes costes económicos derivados de la siniestralidad por no invertir en medidas preventivas).

Pero es que, además, sufrimos la desidia y la absoluta dejadez del Gobierno de la Generalitat Valenciana que, actuando por omisión, se desentiende gravemente de su responsabilidad. El Gobierno de la Generalitat Valenciana, teniendo transferida la competencia en materia de inspección laboral, no vela por el estricto cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni muestra ninguna capacidad para diseñar y poner en práctica medidas eficaces de prevención de los riesgos laborales (tanto o más importantes que las medidas sancionadoras), ni realiza el esfuerzo, tantas veces exigido por la UGT-PV, de reforzar con recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo en evitación de los accidentes laborales. Tan sólo dos inspectores del total de inspectores de trabajo de la Comunidad Valenciana corresponden al sector de la construcción.

La huelga general de la construcción de los próximos días 24 y 25 de febrero es un recurso grave pero -como decía- un recurso más que justificado a la vista de la dramática situación de siniestralidad laboral que padece el sector de la construcción muy concretamente.

Junto a la exigencia de que los empresarios cumplan con rigurosidad la LPRL y de que el Gobierno de la Generalitat Valenciana tome serias cartas en el asunto, hay exigencias de fundamental importancia y cuya urgente necesidad, además, las coloca en un primer plano de las reivindicaciones para las dos jornadas de huelga.

Es necesaria la regulación legal de la llamada subcontratación en cadena -auténtica jungla en el sector de la construcción- si se quieren evitar los accidentes laborales en este sector. En este sentido el dato es revelador: el 95% de los accidentes graves y mortales que se producen en la construcción se produce en subcontratas. También exigimos que se cree la firma del delegado territorial de Prevención ante la comprobación de la realidad del tejido productivo de la Comunidad Valenciana: más del 90% de nuestras empresas tiene menos de seis trabajadores y, por tanto, no tiene o no puede tener, con la legislación vigente y las altas tasas de eventualidad en las plantillas, representación sindical ni delegado de Prevención.

En último lugar, exigimos -a nivel general y en el sector también- la reducción de la edad de jubilación de los 65 años a los 60 años, mediante un cambio normativo, como derecho al que puedan acogerse voluntariamente los trabajadores que así lo deseen y cuyo fin sea la creación de empleo.

En definitiva, exigimos con esta huelga general un cambio radical en las formas y en el fondo de las actuaciones de los empresarios y del Gobierno de la Generalitat Valenciana que permitan acabar con la lacra de los accidentes laborales en general y con los de la construcción, en este caso, en particular.

Quiero, por último, hacer un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras a que se unan a la manifestación del jueves, 24 de febrero, que partirá desde la plaza de San Agustín de Valencia, a las 19.30 horas, contra la siniestralidad laboral... ¡para que mañana no seas tú!

Rafael Recuenco es secretario general de UGT-PV.