Las ONG critican la actuación de las embajadas españolas en África
Una cosa es aquilatar los logros de una nueva ley sobre la asepsia del papel y otra muy distinta es lidiar diariamente con la burocracia de los organismos y la cerrazón de algunos funcionarios que constituyen el último eslabón de la cadena legislativa. El secretario de la organización no gubernamental GRAMC, Joan Colomer, criticó ayer, en el marco de las jornadas sobre la nueva Ley de Extranjería que se celebran en Girona, el papel de las embajadas de España en África, y relató casos concretos de abusos.
El GRAMC (Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals) ha experimentado que "la ley del día a día es la ley de la contradicción". La nueva ley requiere a los inmigrantes una estancia ininterrumpida de dos años, el empadronamiento y medios para subsistir. Los problemas comienzan con la difícil búsqueda de los papeles que acrediten estas situaciones: muchos no tienen contratos o precontratos que demuestren su solvencia; la acreditación de la estancia no puede realizarse porque muchos ayuntamientos no dejan empadronar a los sin papeles y el miedo a la detención ha impedido que muchos recurrieran a la asistencia social. La mayoría de los casos que llegan a Cáritas o a los bufetes de abogados responden a este mismo patrón: cumplen los requisitos pero sin papeles.Las ONG se quejan de que la nueva ley queda, en la mayoría de los casos, en manos de las decisiones de la policía y el Ministerio del Interior. El secretario del GRAMC asegura que cabe ser mal pensado ante las tres detenciones reiteradas de un inmigrante sin papeles que otorgan el derecho a la expulsión. "En un pueblo pequeño pueden detener y expulsar al inmigrante", ironizó Colomer.
Esta organización está preparando un dossier para denunciar casos concretos de abusos e injustificables atascos burocráticos en las embajadas españolas en África. Colomer avanzó ayer el caso concreto de Dakar, donde un niño enfermo que ya ha obtenido el permiso del Departamento de Sanidad de la Generalitat para ser operado en el hospital de Girona, ha visto como se le denegaba el permiso para viajar a Cataluña.
Detención y expulsión
El secretario de la ONG entiende que las leyes de extranjería no tienen otro objetivo que el de "excluir a los extranjeros de los derechos de los nacionales". La nueva ley pone el acento en la detención y la expulsión, dejando unas pocas líneas para referirse a la integración.
Las ONG han hecho un llamamiento a todos los ayuntamientos de Cataluña para que aprueben mociones en favor del voto de los inmigrantes; de esta forma se presionaría a la Administración central para que permita el sufragio. La ley acepta sobre el papel esta posibilidad, pero su aplicación resulta muy compleja porque establece la reciprocidad con el país de origen del votante.
Colomer aseguró que las "proclamas incendiarias" del PP han calado en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que empiezan a temer una entrada masiva de inmigrantes que les perjudique. "Por esta pedagogía aparecen los pequeños Le Pen locales, como el de El Ejido", aseguró el secretario del GRAMC.
Las ONG de ayuda a la inmigración mantienen que cabe esperar que el real decreto que promulgará la ley no diluya los avances en derecho a la educación, sanidad o acceso a la administración pública que comporta el corpus legislativo.
