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Colectivos sociales tildan a Interior de retrógrado por 'blindar' el Estrecho

El Ministerio de Interior se convirtió ayer en el centro de las críticas de distintos colectivos sociales, religiosos y sindicales por anunciar el adelanto de la puesta en marcha del Plan Sur Frontera de Europa con el objetivo de "impermeabilizar" el Estrecho de Gibraltar ante una posible "avalancha" de inmigrantes. Para estas organizaciones, que trabajan en el ámbito de la inmigración, la política policial del Gobierno no conduce a nada y no servirá para frenar el fenómeno migratorio.

"No podemos dar la imagen de una España cerrada a cal y canto", avisó Gabriel Delgado, delegado diocesano de Migraciones de Cádiz y Ceuta, quien resumió el significado de la política que preconiza el Ministerio de Interior: "Trabajar exclusivamente con el cierre de fronteras es una bofetada a la dignidad humana". Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara, calificó de "aberración" y de "retrógrada" la decisión de Interior, anunciada el lunes por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, de controlar la frontera utilizando los métodos más modernos como los radares de larga distancia, los visores nocturnos térmicos y el apoyo logístico de helicópteros y patrulleras, lo que garantiza prácticamente que la frontera quedará sellada. Para ello, se están invirtiendo 25.000 millones de pesetas.Lara opina que ese es "un dinero que se arroja directamente al fondo del mar", porque "al hambre la guía el estómago y no la paran los argumentos". "Los inmigrantes van a seguir viniendo".

Desde la Iglesia católica gaditana, Delgado considera que el establecimiento de estas medidas policiales sólo se justifican dentro de un conjunto de acciones encaminadas a potenciar el desarrollo económico de los países pobres. "No decimos que haya que abrir las fronteras en este momento, pero sí que el control de los flujos ha de ser solidario y lo más abierto posible".

El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel, Pastrana, se sumó a las críticas y avisó: "Se está sembrando la semilla de una confrontación permanente entre Andalucía expresamente y el Magreb, porque en vez de ayudar se están dando patadas en la boca".

Los colectivos sociales que asisten a los inmigrantes creen que la administración debe priorizar sus políticas de cooperación con el norte de África en vez de abogar "por el cierre de las fronteras para proteger el bienestar social". Y, en todo caso, apuestan como objetivo prioritario por evitar muertes en el estrecho.

Derechos Humanos está desarrollando una campaña en Marruecos en colaboración con su homóloga alauita para informar sobre el contenido exacto de la nueva Ley de Extranjería y explicar que "este no es el mejor momento para venir, porque estarán de forma clandestina", dice Lara.

Por su parte el vicepresidente de Algeciras Acoge, José Villahoz, aseguró ayer: "Las medidas policiales no frenarán nuca la llegada de inmigrantes, aunque se aumenten los medios policiales, ya que si se taponan algunas entradas, los inmigrantes buscarán otras".

La realidad reforzó ayer los argumentos de Villahoz. La Guardia Civil efectuó 50 detenciones en el Campo de Gibraltar y nueve en Almería: 18 de los arrestados en Cádiz eran varones, de origen pakistaní, que viajaban en una patera al sur de Tarifa, junto con dos pasadores marroquíes. De madrugada, en otra patera, se detuvo a 27 personas indocumentadas. El resto fue localizado en otros puntos y en la costa almeriense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de febrero de 2000

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