Soldadito ¿español? MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
Decía el programa del Partido Popular para las elecciones del 3 de marzo de 1996 que las Fuerzas Armadas deben otorgar al Estado capacidad disuasoria y, llegado el caso, la posibilidad de defenderse frente a una agresión. A continuación añadía que las Fuerzas Armadas que España necesita deben ser más flexibles, polivalentes, móviles, operativas y eficaces.Semejante afirmación se queda en el terreno de las buenas intenciones y hubiera podido ahorrarse porque carece de cualquier perfil diferenciador, habida cuenta de que falta el enunciado de los medios que se propugnan para su logro. Resulta, en efecto, inimaginable cualquier propuesta en sentido contrario. Es decir, que de ningún partido político concurrente a unas elecciones generales puede esperarse la propuesta de unas Fuerzas menos flexibles, menos polivalentes, menos móviles o menos eficaces.
Así las cosas, para satisfacer al grupo de Convergència i Unió, en cuyo programa electoral figuraba la supresión del servicio militar obligatorio, los negociadores del PP la adoptaron como uno de los objetivos de la legislatura incluido en la oferta del discurso de investidura del presidente Aznar. Fueron 14 días de conversaciones presididas por Rodrigo Rato y Joaquín Molins, aunque la cuestión del servicio militar recibió escasa consideración.
Entonces, de manera sobrevenida, como la objeción de conciencia en algunos alistados, sobrevino la supresión del servicio militar. En otros países esta cuestión ha sido debatida por todo lo alto y analizada en detalle respecto a sus consecuencias pero aquí ahorramos tiempo y esfuerzos mentales, bastó el ejemplar acuerdo Rato-Molins.
Cierto que el artículo 30 de la Constitución dice que "los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España", que "la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria" y que "podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general".
Pero una lectura adecuada y flexible del referido artículo ha permitido abolir el servicio militar obligatorio sin crear problemas de constitucionalidad y por el procedimiento sumarísimo que tantas veces nos ha caracterizado ganándonos admiraciones sin cuento.
En caso de duda se recomienda la lectura del libro Ciudadano y soldado, de David Blanquer, quien se ocupa en particular de examinar el estatuto fundamental del soldado de reemplazo desde la perspectiva del régimen de derechos y libertades públicas de los demás servidores públicos, a cuyas deficiencias ignoradas en los programas de los partidos debería atenderse sin dilación. También trata Blanquer de la incorporación como militares de empleo de extranjeros a las Fuerzas Especiales, que continúa abierta aún en tiempo de paz.
A esa posibilidad pareció referirse el titular de Defensa acuciado por la escasez de vocaciones propias. Porque además por esa senda los alistados podrían obtener la nacionalidad española, como sucedía en la Legión después de dos años de intachable conducta. ¿Volverá la Guardia Mora?
Reconozcamos a Eduardo Serra sus esfuerzos para hacer atractivas las convocatorias de soldados y marineros profesionales pero las condiciones de vida en las unidades se consideran duras y las remuneraciones ofrecidas escasas en un momento en que desciende el desempleo.
De ahí que cada vez más se rebajen todas las condiciones mínimas, incluidas las del cociente intelectual que se reduce de 90 a 70, donde se encuentra el límite de la normalidad. Pues bien, a estos soldados bajo mínimos vamos a confiarles las armas para nuestra defensa, de la que todos están encantados de desertar, una vez que el acuerdo Rato-Molins abrió la veda en la primavera del 96. ¡Bravo!.
