El fiscal pide cinco años de cárcel para el dueño de una ETT por una muerte

El fiscal solicita sendas penas de cinco años de prisión para seis personas, entre ellas el responsable de una empresa de trabajo temporal (ETT), a los que acusa de un delito de homicidio y otro contra los derechos de los trabajadores como consecuencia de la muerte de un obrero por accidente laboral. Los hechos ocurrieron en la noche del 17 de febrero de 1997 en la empresa Fico-Itm, de Rubí, cuando el trabajador Marcos G. M. falleció por aplastamiento torácico al quedar atrapado en el interior de una máquina.

El juicio se celebrará en los próximos meses en Terrassa. En el caso concreto de Edwin Luis Joly Amat, representante legal de People ETT, la fiscalía asegura que permitió que se produjera el accidente al no proporcionar al trabajador "una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir teniendo en cuenta su calificación y experiencia profesional". El trabajador tenía que manipular las máquinas de una sección de fabricación de plásticos. Este comportamiento, según la fiscalía, constituye una infracción del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El fiscal explica en su escrito de acusación que la muerte se produjo porque los acusados permitieron que el trabajador desempeñase su actividad "sin disponer de la protección adecuada frente al riesgo de atrapamiento al ser accesible la zona de los elementos móviles de la misma por la anulación del dispositivo de enclavamiento de la protección perimetral".

Además, la fiscalía acusa a Cristóbal Yebra, José Aymerich, Manuel Gijón y Jesús Prats, quienes desempeñaban en la empresa donde ocurrieron los hechos las funciones de encargado del turno de noche, representante legal, director de producción y responsable del departamento de ingeniería de procesos. El otro acusado es Eduardo García Tornero, apoderado de la sociedad PTM, fabricante de la máquina en la que se produjo el siniestro. El fiscal considera que no se facilitaron las medidas de seguridad necesarias para que el trabajador desempeñara su actividad y que de esa forma se creó una situación de grave riesgo para su vida que le causó la muerte. La acusación pública considera, además, que la máquina carecía de parada automática de urgencia, presentaba una iluminación deficiente y carecía de señales de advertencia de peligro.