Elche anula la permuta de los terrenos tasados por debajo de su valor

La comisión extraordinaria de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche aceptó ayer la renuncia del promotor Ramón Salvador Águeda a ejecutar una permuta entre terrenos de titularidad privada situados en el polígono de Carrús, y suelo municipal ubicado en la pedanía turística de Arenales del Sol, valorados por debajo de su precio en el mercado. El dictamen favorable de la comisión, con la abstención del PP, deberá esperar a la ratificación en el pleno del próximo lunes.El concejal de Urbanismo, José Ferrández, del PSPV, anunció que el Ayuntamiento iniciará en breve la posesión de los terrenos privados para poder habilitar viales y piscinas, así como el proceso de expropiación al precio de 7.500 pesetas el metro cuadrado, fijado en el expediente. Ahora, el presidente de los constructores de Elche deberá aceptar el valor fijado por los técnicos, o en su defecto, acudir a los tribunales.

Ferrández recalcó la "transparencia" con la que se ha desarrollado esta operación. "La razón, en esta ocasión, está de nuestra parte", apostilló. El edil recordó que el Consistorio no ha ejecutado ninguna permuta que carezca de dictamen técnico, y que todas las decisiones se hacen sobre los informes elaborados por los técnicos. Precisamente, uno de los técnicos, la responsable de la Administración General, fue ayer invitada a leer en la comisión un informe encargado por el alcalde, el socialista Diego Macià, en el que daba cuentas del olvido cometido con el "expediente número 11", en el que se demostraba que el Ayuntamiento había firmado en 1995 otra polémica permuta con Salvador Águeda. Justo lo contrario de lo que el alcalde había afirmado el martes en comparecencia pública, y producto de un error en el encabezamiento del expediente.

La puesta en evidencia de la participación del portavoz del PP, Fernando Vargas, en negocios inmobiliarios, desmentida por el afectado en primera instancia y aceptado después de la publicación de los datos del Registro Mercantil, ha tenido ya sus primeros efectos. En la comisión municipal, un edil preguntó si se podía hablar con total normalidad, ya que entre los presentes se encontraba una persona vinculada a dos empresas con fines inmobiliarios, y sobre la que se espera un informe jurídico sobre la supuesta incompatibilidad en la que podría incurrir. El aludido no realizó ningún comentario.