Un catedrático acusó al gobierno local de "segregar" a los inmigrantes en un congreso europeo en 1995

La explosión de violencia xenófoba en El Ejido y la actitud del alcalde Juan Enciso, del PP, no han sorprendido a Ubaldo Martínez Veiga, catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. En octubre de 1995 ya denunció en un seminario europeo celebrado en Barcelona la deliberada política de "segregación" de los inmigrantes practicada por las autoridades locales y la comparó con el apartheid surafricano.Las conclusiones del seminario sobre Vivienda e Integración Social de los Inmigrantes han sido publicadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La ponencia de Martínez Veiga, que realizó un trabajo de campo de tres meses en Almería, dedica un apartado especial a la situación de El Ejido.

"En El Ejido", escribe, "la mayoría prácticamente absoluta de los inmigrantes vive fuera del pueblo, en los cortijos cerca de los campos de cultivo. Aunque desde el punto de vista general de Andalucía este fenómeno ha intentado paliarse, en este caso no se ha obtenido ningún éxito". El catedrático recuerda que la Junta llegó a un acuerdo con la compañía Mapfre y la Federación de Asociaciones de Vecinos para asegurar gratuitamente a los propietarios que alquilasen viviendas a los inmigrantes frente a posibles destrozos e impagos. Se trataba de vencer los recelos de los arrendadores de casas. Pero nunca se aplicó en El Ejido, pese a las evidentes necesidades.

"En este caso se produce un aténtico apartheid con respecto a los inmigrantes", agrega. "En contraposición a otros lugares de la zona en donde los cortijos son casas aisladas, en El Ejido están agrupados en 4 ó 5 casas o más. Esta agrupación hace que la situación de segregación espacial que se produce se parezca bastante a la que se daba hasta hace poco en Suráfrica con los famosos bantustanes".

Pero ello, subraya, "no es fruto de un proceso estructural, inconsciente para los actores sociales, sino que se trata de un fenómeno perfectamente consciente y que es producido por unos agentes determinados".

Dichos agentes, explica luego, están encabezados por el propio alcalde. Para ilustrar su afirmación, relata un incidente sucedido en abril de 1995.

Desalojo de la Casa Blanca

Unos 80 inmigrantes ocupaban una vivienda propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) en el barrio de San Agustín, denominada la Casa Blanca, pagando el alquiler a un vecino cuyos derechos resultaban más que dudosos.

"Lo llamativo es que, en el momento en que el propietario deja de cobrar la renta, interviene el alcalde, que decide desalojar la casa y para ello hace que la policía municipal entre y obligue por la fuerza a que los inmigrantes la abandonen", añade.

Las razones esgrimidas para el desalojo aludían a las condiciones higiénicas del inmueble pero éstas, según sostiene Martínez Veiga tras analizar el informe técnico, eran "bastante mejores" que las de la mayoría de los cortijos, en los que había además "mayor grado de hacinamiento". Los inmigrantes se refugiaron en una iglesia, hasta que el lanzamiento de dos cócteles molotov -que el ayuntamiento atribuyó a "peleas entre los propios inmigrantes"- les obligó también a abandonarla.

Tras arreglar el edificio, el alcalde se negó a que volvieran a utilizarlo los inmigrantes, como reclamaba el delegado de Gobernación de la Junta, y propuso que se alojasen en los cortijos, junto a los invernaderos, pues así estarían "más cerca de su trabajo" y no tendrían que "gastar en transporte". "No parece del todo exagerado interpretar la expulsión de los inmigrantes de la Casa Blanca como una expulsión de aquellos que se habían atrevido a habitar en el centro de la villa y una manera de colocarlos en su sitio, en la periferia, en los cortijos", concluye Martínez Veiga.