Rontealde pagará una indemnización millonaria a la familia del fallecido en Barakaldo tras el escape tóxico de 1994

La empresa Rontealde compensará económicamente a la familia del vecino de Barakaldo Jesús Artiagagoitia, quien falleció en 1994 tras el escape tóxico de la planta química. Ambas partes han llegado a un acuerdo extrajudicial pocos meses antes del juicio, en el que comparecerán como acusados los tres máximos responsables de Rontealde: el director de la planta, José Elizalde; el jefe de Producción, Koldo Iturrarte y el jefe de Mantenimiento, Mariano Ruiz.Tanto la empresa como la defensa del fallecido confirmaron ayer el acuerdo, que aún debe presentarse en la Audiencia Provincial, pero declinaron concretar la cuantía. La cantidad será superior a los ocho millones de pesetas de indemnización pedidos por el fiscal, quien también ha solicitado para cada uno de los acusados tres años de cárcel y siete de inhabilitación. Un portavoz de Rontealde precisó ayer que el acuerdo no supone "aceptación de la responsabilidad" del accidente, en el que hubo emanaciones de dióxido de azufre 12 veces superiores al límite legal.

El preacuerdo económico, alcanzado hace un mes, debe ser todavía refrendado por los familiares y presentado por Rontealde ante la Audiencia, unos trámites que ninguna de las dos partes duda que se cumplirán. Significará la retirada de la acusación particular de la familia del fallecido. Sin embargo, se mantienen las planteadas por el Ayuntamiento de Barakaldo, que ha elevado la pena de cárcel a un total de 12 años, y el grupo municipal de HB y la plataforma ecologista Erreka, que deben exponer ahora sus acusaciones.

Luego, quedará la formulación del escrito de la defensa de Rontealde, tras el que se fijará la fecha de la vista oral, que se calcula para este verano.

El escape tóxico en Rontealde ocurrió el 21 de octubre de 1994 y hasta tres años después no se dictó el procesamiento de los directivos, confirmado en 1998 por la Audiencia de Bilbao. Además de los límites de dióxido de azufre superados, el fiscal apuntó la comisión de múltiples irregularidades por parte de la empresa: la puesta en marcha de la producción se hizo sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el sensor no cumplía las prescripciones técnicas y no hubo consulta previa a Medio Ambiente.