La policía liberó a centenares de inmigrantes en vísperas de la entrada en vigor de la ley

Centenares de inmigrantes que permanecían retenidos en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en espera de la expulsión o la cárcel han sido liberados en los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, al prohibir ésta los 40 días de detención permitidos por la ley anterior y anular muchos de los motivos de internamiento. Unos 40 extranjeros, presuntamente los más conflictivos, siguen en los centros de Málaga, Barcelona, Madrid, Las Palmas, Valencia y Murcia. La mayoría de los que han sido puestos en libertad están indocumentados, y su salida ha sido comunicada al juez.

En los centros de internamiento de Murcia, Málaga o Valencia, un único inmigrante habita sus instalaciones. En Málaga continuaba retenido un extranjero que supuestamente agredió a unos policías; en Valencia, un lituano al que se ha expulsado varias veces de España, y en Murcia, el único huésped forzoso del centro tiene nacionalidad ecuatoriana e ingresó hace más de 20 días. Su delito fue intentar entrar en Estados Unidos con un pasaporte español falsificado que había comprado en su país. Hipotecado con la mafia que le había vendido el documento falso y los billetes de avión, su sueño acabó en el aeropuerto de Washington, donde fue expulsado de nuevo a España, informa Antonio Aguilar. Las cárceles temporales que son de hecho los CIE -acogen a los inmigrantes pendientes de expulsión y a los delincuentes con peticiones de condena menores de seis años- han sido objeto de conflicto permanente con las ONG, abogados y jueces. Sus restringidas salidas al patio, la ausencia de teléfono, de comunicación cara a cara, o incluso de asistencia letrada, se convirtieron en capítulo fijo de la memoria del Defensor del Pueblo de los últimos años. El hacinamiento y la falta de garantías han originado en ocasiones incendios provocados por los propios internos. Las denuncias de abogados y ONG, especialmente en Málaga y Valencia, forzaron a una mejora general de las instalaciones y a una mayor transparencia sobre lo que ocurría en su interior. En la actualidad, la mayor parte han hecho las paces con sus detractores

Los CIE albergan a los extranjeros indocumentados, a quienes han entrado en España de forma clandestina y a todos aquellos que han cometido delitos penados con privación de libertad de menos de seis años. Este tipo de personas seguían recluidos, alrededor de medio centenar, al comenzar el año. Durante enero, y especialmente en los días previos a la entrada en vigor de la nueva ley, han sido puestos en libertad, al derogar la ley las causas de internamiento, es decir, estancia ilegal, carecer de medios lícitos de vida, ejercer la mendicidad, o desarrollar actividades ilegales. La libertad de los internados por este último supuesto ha sido solicitada al juez. El resto, simplemente comunicada.

"A nosotros nos gustará más o menos lo que ha pasado, pero somos funcionarios y nuestra obligación es cumplir la ley", comenta José García Santalla, jefe del área en la Comisaría General de Extranjería. Por orden de la ley están en la calle. Seguramente preguntándose todavía por qué extraña carambola están libres, aunque sea indocumentados y, algunos, además, bajo vigilancia judicial.

Con la nueva ley, los CIE desaparecen como tales. Sólo acogerán a los inmigrantes autores de "faltas muy graves" y excepcionales, y se anula su carácter penitenciario.