EN DEFENSA DE UN DESARROLLO ECONÓMICO PARA TODOS

(*) Recientemente ha surgido una alianza peculiar. Fuerzas de la extrema izquierda, de la extrema derecha, grupos ecologistas, sindicatos de países desarrollados y algunos de quienes de autoproclaman representantes de la sociedad civil se están uniendo en torno a un propósito común: salvar a la gente de los países en desarrollo... ¡del desarrollo!Desde luego, ningún miembro de esta alianza admitiría que se pretende causar un daño intencional a nadie, y menos aún a quienes viven en condiciones de pobreza en los países menos avanzados.

De hecho, los miembros de esta alianza sostendrían -unos ingenuamente, otros con cinismo- que lo que buscan es exactamente lo contrario y que, por ello, se oponen a una mayor liberalización del comercio y la inversión y, en general -inclusive a veces de manera radical-, a lo que hoy se conoce como globalización.

Pese a sus divergencias en otros aspectos, los participantes de esta peculiar alianza están estrechamente unidos por su globalifobia. Cada uno suele exponer fervorosamente y en ocasiones con un cierto tono altruista, su propio motivo para ser globalifóbico.

Estos supuestos motivos son muy diversos, pero se manifiestan utilizando un común denominador muy revelador: la palabra protección.

Los aliados de la globalifobia hablan, entre otras cosas, de la protección de los derechos de los trabajadores en los países en vías de desarrollo; de la protección del medio ambiente; de la protección de la soberanía y la identidad de las naciones; de la protección de los países pobres (y ricos) de las multinacionales; de la protección de los países pobres de la economía de mercado, e incluso, de la protección de los países desarrollados de las drogas.

Cada grupo en esta alianza cree que su interés particular -ya sea económico, político, social o de otra índole- será favorecido si el comercio y la inversión entre las naciones dejan de liberalizarse y, preferentemente, si se revierte dicha liberalización.

Aunque a los grupos globalifóbicos indudablemente les desagrada la integración económica entre los países desarrollados, tal parece que su verdadero e inamovible objetivo es evitar el comercio y la inversión con los países en desarrollo.

Por supuesto, todos somos libres de luchar por una idea o un interés, siempre y cuando lo hagamos con apego a la ley. Pero resulta igualmente legítimo indagar cuáles serían los efectos de estos propósitos proteccionistas en las oportunidades de superación de los países en vías de desarrollo y, señaladamente, en los sectores más pobres de su población.

Sobra decir que ni yo ni nadie podría afirmar que el solo acceso al libre comercio y la inversión basta para alcanzar un desarrollo sostenido y superar la pobreza. Es obvio que se necesita mucho más en términos de políticas macroeconómicas sanas, desregulación interna, una inversión continuamente creciente en educación, salud y capital humano en general -en especial para los más pobres- así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluyendo aquellas que garantizan el Estado de derecho.

Sin embargo, la evidencia histórica del siglo pasado muestra claramente que en todos los casos en que una nación pobre ha superado significativamente la pobreza, lo ha logrado incursionando en la producción para los mercados de exportación y abriéndose al flujo de bienes, inversión y tecnología del extranjero. Es decir, lo ha hecho participando en la globalización.

Hoy está ampliamente documentada la fuerte correlación y causalidad entre la apertura y el crecimiento económico. Tal vez por esta razón algunos grupos ya no se oponen al libre comercio utilizando burdas ideas proteccionistas que ya han quedado desacreditadas, sino que lo hacen recurriendo a pretextos aparentemente más sutiles para abogar por el proteccionismo. Estos pretextos en realidad son igualmente falaces y contrarios al interés de la gente más pobre de los países en desarrollo.

Tenemos, por ejemplo, el pretexto de los derechos de los trabajadores de los países en desarrollo. Quienes se oponen al libre comercio -hoy convertidos en fervientes defensores de la clase trabajadora de los países en desarrollo-, se valen del hecho de que los salarios, las prestaciones sociales y los niveles de vida de los trabajadores de esos países son inferiores a los que se observan en los países desarrollados para insistir en la adopción global de un conjunto homogéneo de normas laborales básicas. Incluso desean que sea la Organización Mundial del Comercio la que imponga esas normas a través de restricciones comerciales.

Por supuesto que una aspiración legítima y factible es que, lo antes posible, los salarios y las condiciones de trabajo entre las naciones tiendan a equipararse. Pero debe reconocerse que esta meta no puede ser alcanzada en el corto plazo y, obviamente, no podrá obtenerse con meros buenos deseos o por virtud de un decreto, y mucho menos obstruyendo la libertad de comercio e inversión.

Tanto la teoría como la práctica demuestran que las economías abiertas tienden a converger, mientras que las economías cerradas no. Ante la falta de una movilidad libre y absoluta de la mano de obra, el comercio resulta, de hecho, el instrumento más poderoso para lograr que las condiciones laborales entre las naciones, a la larga, sean convergentes.

El comercio se da precisamente porque los países tienen condiciones diferentes, incluyendo las laborales. Hoy, y en el futuro cercano, prohibir el comercio internacional equivale a prohibir las diferencias entre los países y es -y será- igualmente absurdo.

Por lo tanto, debemos sentir una gran desconfianza hacia el supuesto altruismo de quienes desean que se impongan normas laborales básicas homogéneas a través de medidas burocráticas como condición previa para una mayor liberalización comercial. Acaso no estén tan preocupados por las condiciones de vida de los trabajadores de los países en desarrollo como de la competencia que indiscutiblemente desencadena el libre comercio.

Para tratar de dar mayor peso a sus argumentos, quienes proponen normas laborales básicas homogéneas suelen señalar los bajos salarios y ciertas condiciones laborales de los trabajadores de las ramas orientadas al comercio en los países en desarrollo. Pareciera que no les importa soslayar el hecho de que, con frecuencía, la única alternativa para esos trabajadores es la pobreza rural extrema o una ocupación marginal en el sector informal de la economía, donde, por cierto, difícilmente puede hacerse efectivo cualquier derecho laboral.

También parecen empeñados en pasar por alto el hecho de que para la mayoría de la gente de los países en desarrollo que trabaja en actividades vinculadas al comercio de exportación, sus empleos representan una mejoría significativa con respecto a sus ocupaciones previas. Más aún, muy a menudo estos empleos son sólo un paso hacia mejores oportunidades.

Esto lo he constatado a lo largo y ancho de México. Lugareños de los viejos poblados mayas de Yucatán empleados en las nuevas fábricas de ropa que allí se han establecido; migrantes rurales del sur de México que han encontrado trabajo en las enormes plantas maquiladoras de las ciudades norteñas de Tijuana y Juárez; jóvenes ingenieros con buenos empleos en las fábricas de alta tecnología de Monterrey y Guadalajara, y muchos otros que me han asegurado que sus nuevos empleos -impensables en una economía cerrada- son mucho mejores que su ocupación anterior -si acaso la tenían-. Desde luego, todos ellos quieren y merecen algo mejor. Estoy convencido de que lo obtendrán si perseveramos en la liberalización de nuestra economía.

Sin duda, los gobiemos nacionales y las instituciones multilaterales, como la OIT, deben velar por los derechos de los trabajadores con una legislación justa y moderna, con buenos acuerdos y una mejor aplicación de las normas. En lo personal mantengo un firme comprorniso con esa tarea. Pero me opongo rotundamente a que esos derechos sean invocados para destruir las oportunidades de comercio y, con ello, las oportunidades de mejores empleos para los trabajadores pobres de los países en desarrollo.

Tomemos ahora el ejemplo de los pretextos ambientales contra el libre comercio, por los que también siento un gran escepticismo. Siempre he sido un firme defensor del medio ambiente. Pero con igual firmeza he sostenido que, en general, la integración económica tiende a mejorar el medio ambiente, no a empeorarlo.

En efecto, en virtud de que el libre comercio promueve el crecimiento económico, genera al menos una parte de los recursos necesarios para preservar y restaurar el medio ambiente.

Los ingresos crecientes que se derivan de su crecimiento económico, estimulado por el libre comercio, contribuyen también a que la gente exija un mejor medio ambiente. Más todavía, no es raro que las oportunidades de empleo en actividades exportadoras animen a la gente a abandonar ocupaciones marginales que suelen ser muy contaminantes.

De nuevo, la experiencia mexicana es un buen ejemplo. A medida que nuestra economía se ha abierto, jamás hemos relajado las normas ambientales a fin de atraer nuevas industrias. De hecho, esas normas y su aplicación son ahora considerablemente más estrictas. La industria en México, bien sea nacional o extranjera, es mucho más limpia hoy que cuando nuestra economía estaba muy cerrada.

En la era del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se ha reportado ningún caso de una planta que se haya trasladado a México para huir de normas ambientales más estrictas. Antes al contrario, se pueden encontrar muchos ejemplos de gente que, gracias a las nuevas oportunidades de empleo que ofrece el comercio intemacional, abandona actividades muy contaminantes para dedicarse a otras que no dañan el medio ambiente. Pensemos en el caso -de escala todavía modesta, pero muy alentadora- de los campesinos que han sustituido la agricultura de roza, tumba y quema, que es una práctica muy contaminante, por el cultivo de productos orgánicos destinados a la exportación.

Quienes se oponen a la liberalización del comercio utilizando el pretexto del medio ambiente debieran reconocer que la respuesta correcta a las actividades económicas que provocan contaminación no está en prohibir el comercio, sino en promover y aplicar leyes ambientales más estrictas y en obligar a que quien más contamina pague más.

Debieran reconocer, asimismo, que problemas como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la contaminación de los océanos o el agotamiento de los recursos pesqueros requieren soluciones globales basadas en acuerdos multilaterales que provean un conjunto apropiado de reglas, incentivos y sanciones. Pero, en cualquier caso, éstos no son temas que deba abordar la OMC. Se requiere de otro organismo adecuado, con capacidad normativa y para la solución de las controversias.

El tiempo me impide examinar con detalle algunos otros motivos que recientemente han sido erigidos para oponerse al libre comercio. Simplemente mencionaré que algunos de esos motivos sí aluden a una causa o preocupación legítima, pero, a mi juicio, están siendo erróneamente planteados al situarlos en el debate sobre la liberalización del comercio. Se trata de preocupaciones que aluden a problemas de la vida real, que son muy complejos y que no pueden resolverse obstruyendo el comercio. Estos problemas demandan soluciones que verdaderamente ataquen la raíz de sus causas.

Otros motivos esgrimidos por algunos globalifóbicos no son sino subterfugios retóricos para ocultar un mero proteccionismo que está dirigido sobre todo en contra de los países en desarrollo.

Estoy enteramente convencido de que, a pesar de lo sucedido en Seattle -tanto dentro como fuera de la sala de sesiones-, de ningún modo debemos menguar nuestros esfuerzos más serios por seguir liberalizando el comercio y la inversión. Las mentes que en verdad sean progresistas y estén sinceramente comprometidas con la superación de quienes padecen pobreza en los países en desarrollo, deben ser convertidas, mediante la persuasión, en firmes aliados de esta tarea.

Quiero asegurar a todos ustedes que México continuará trabajando con ahínco por un orden internacional con oportunidades verdaderarnente efectivas de libre comercio para todos.

Consecuentemente, mantendremos nuestro más entusiasta apoyo a la realización de una nueva ronda de negociaciones comerciales de naturaleza integral, sin exclusión de ningún sector, dirigida a reducir progresivamente las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios, tal y como se acordó en la Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada el año pasado en Río de Janeiro.

Mientras tanto, México seguirá trabajando activamenite para lograr acuerdos de libre comercio con otros países o regiones. Lo haremos, como hasta ahora, con pleno apego a las normas de la OMC y con base en un enfoque de regionalistno abierto y expansión del comercio, nunca reducción del comercio.

Éste es el espíritu con el que acabamos de concluir las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que debe entrar en vigor este mismo año.

Con ello, México será el único país en tener acuerdos de libre comercio con los dos mercados más grandes del mundo, Europa y América del Norte, así como con seis países latinoamericanos.

Estoy convencido de que esto será bueno para nuestros socios comerciales y, sin duda, traerá grandes beneficios a nuestra gente, a nuestro medio ambiente y al orgullo de los mexicanos.

* Palabras pronunciadas en la sesión plenaria de la reunión anual, 2000, del Foro Económico Mundial, en el Centro de Congresos de Davos, Suiza. Ernesto Zedillo es presidente de México.