La Generalitat ejerce la acusación en el 'caso Ivex' a invitación del juez dos meses después de la querella.

La Generalitat ha esperado a ser invitada por el juez para ejercer la acusación particular por el agujero económico generado en el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), dos meses y medio después de que el consejo del organismo presentara la querella. El juez encargado de investigar el supuesto quebranto económico, Vicente Ríos, ofreció recientemente al Consell la posibilidad de defender sus intereses.En el uso de esta facultad, un abogado de la administración autonómica, José Manuel Merino, asistió ayer a la declaración de Carmen de Miguel, actual directora del Ivex e impulsora de la denuncia presentada contra su antecesor en el cargo, José María Tabares, y un empresario francés, Jean Luc Lagier. La sociedad pública acusa a ambos de actuar en connivencia para causar un agujero de 1.049 millones de pesetas en el Ivex.

Precisamente por ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ofreció a la Generalitat la posibilidad de acusar a los dos imputados por el caso, acusados por el Consell de un supuesto delito societario. Ríos interpreta, basándose en los fundamentos de la querella presentada en noviembre, que el erario público ha podido ser perjudicado, por lo que la Generalitat debe tener la posibilidad de defender sus intereses en el procedimiento judicial abierto. Así lo ha hecho. Ahora bien, en fuentes jurídicas ha causado extrañeza la tardanza del Consell, que podría haber reforzado la labor de los abogados del Ivex -de un despacho tan caro como prestigioso, Garrigues & Andersen- en su intento de probar los delitos imputados a Tabares y Lagier. Lejos de tomar la iniciativa, la Generalitat ha esperado a que el magistrado, en aplicación de la ley, dé a los perjudicados la oportunidad de personarse en el caso.

Fuentes del Ivex justifican esta demora por la naturaleza de la empresa, formalmente una sociedad anónima, aunque su funcionamiento esté tutelado por la Generalitat (principalmente) y las cámaras de comercio, en menor medida. El Ivex, comentan las mencionadas fuentes, cumplió con su obligación de perseguir el delito denunciado desde la presentación de la querella, el pasado 16 de noviembre.

Con ese objetivo, De Miguel compareció ayer ante el juez durante cerca de nueve horas. La directora del Ivex, que no realizó ningún comentario al término de su declaración, defendió que Tabares se excedió con mucho de sus funciones al avalar la actividad de una empresa de capital privado.

De Miguel, que acudió al juzgado en calidad de testigo, intentó demostrar durante toda su comparecencia que los contratos suscritos por Tabares con Lagier no sólo pueden ser ilegales, sino que en cualquier caso fueron hechos a espaldas del consejo de administración del Ivex y en franco abuso de la potestad del director.

A partir de ahí, y siempre según fuentes cercanas al caso, la sucesora de Tabares no aportó ninguna información relevante, ningún dato que no conste ya en el sumario. De Miguel no atendió a los periodistas "porque el caso está sub iudice", o sea, en plena investigación. Ahora bien, durante su larga comparecencia insistió en los argumentos utilizados en la rueda de prensa -posterior a la presentación de la querella- en la que se anunció la denuncia contra Tabares.

En ésta, la directora del Ivex aseguró que Tabares había avalado la actividad de varias empresas inactivas y sin apenas patrimonio, en flagrante abuso de sus funciones, sin causa que lo justificara y actuando de espaldas al consejo de administración. De Miguel reconoció ayer, tal como pusieron de relieve Tabares y Lagier en sus respectivas declaraciones, que varias de esas afirmaciones no son completamente exactas.

Así, según algunos de los presentes en la declaración, la responsable del Ivex reconoció que se enteró de que Tabares podía avalar la actividad de Lagier después de iniciar las acciones penales. Según aseguro Manuel Delgado, el abogado del empresario francés, De Miguel, tras la entrada en vigor de una normativa no puede avalar por sí sola la actividad de una empresa privada. Sin embargo, durante la gestión de Tabares sí existía esta posibilidad.

El juez así lo reconoció en la resolución en la que rechazaba la personación en la causa de Unión Valenciana (UV). En ese mismo auto, Ríos establecía que el director del Ivex también podía avalar a una empresa cuya actividad persiguiera la generación de derechos de compensación para Ford, la sociedad que pidió que el Ivex le ayudara a superar las barreras arancelarias de Túnez.

En este sentido, De Miguel aceptó que la querella contenía un error: negaba la existencia del segundo contrato suscrito entre la empresa automovilística y el Ivex, un documento rubricado en julio de 1997 y que, lejos de haber sido ocultado, era de dominio público. Tabares lo presentó en el juzgado, aunque su existencia constaba en las memorias de la entidad y en los informes de la Sindicatura de Cuentas.

Los abogados de Tabares y Lagier, además de la inocencia de sus patrocinados, han defendido desde el inicio de la investigación que los contratos suscritos entre sus clientes tenían un sólo objetivo: facilitar las exportaciones de Sonotube a la Unión Europea -una sociedad radicada en Túnez- para que Ford pudiera introducir sus turismos en el mercado del país magrebí.