El debate del agua se estanca

Los veranos serán mucho más cálidos, la erosión se cebará en los suelos arcillosos; habrá cada vez menos humedales y más incendios; las altas temperaturas perjudicarán la pesca en las costas y desplazarán turistas hacia el norte; las cosechas mermarán. Lloverá poco y el riesgo de sequía aumentará. Estas son las predicciones del proyecto Acacia sobre cambio climático elaborado por la Comisión Europea. Escenario: sur de España. Fecha: 2020-2030.Los partidos políticos no necesitan estudios de expertos europeos para coincidir en que el agua será un asunto de primer orden en la campaña electoral que se avecina. Al igual que la sequía, los llamamientos para acabar con ella se han convertido en un tópico andaluz; pero mientras las sequías "son cada vez más persistentes e intensas" (informe de la Consejería de Medio Ambiente), las iniciativas políticas y económicas se han estancado.

"Hemos perdido cinco años", dijo el presidente de la Plataforma de Guadalquivir, Felipe López, a modo de lema de la manifestación que llevó a sindicatos, asociaciones agrarias y regantes a Madrid, el pasado 12 de noviembre para protestar contra el Gobierno central, cuyo balance de inversiones hidráulicas en la región es pírrico. "No han empezado ni un sólo pantano", gustan de decir los dirigentes socialistas para resaltar la peligrosa dejadez del Ejecutivo central.

El parón en el debate del agua es tal, que los partidos pueden completar este episodio de su programa electoral sólo con las propuestas que hicieron para el 3 de marzo de 1996. En aquella fecha electoral, a la que el PSOE llegaba al frente del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, el objeto del deseo era el Plan Hidrológico Nacional. Los socialistas calcularon que estaría en marcha en 1998; su sucesor al frente del Gobierno central, el PP, ha sido incapaz de sacarlo adelante en cuatro años.

Sin el necesario marco estatal para mediar en los conflictos regionales por el agua, la inversión hidráulica se ha dejado llevar por la inercia: en esta legislatura, se ha ultimado la construcción de siete embalses, proyectados al principio de los noventa, que elevan la capacidad de las presas andaluzas en un 9%.

Melonares, La Breña II, Úbeda-La Vieja, Arenoso, Andévalo... Esta era la alineación de pantanos que socialistas y populares recitaban de carrerilla en 1996 para garantizar el suministro de agua en períodos de sequía. Hace unas semanas, la ministra de Medio Ambiente (que tiene las competencias), Isabel Tocino, colocaba la primera piedra de la presa onubense del Andévalo; el resto sigue en proyecto. El PP prometía hace cuatro años medio billón de pesetas en inversiones hidráulicas; apenas han llegado 150.000 millones.

El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta se escenificó también en la política de agua. Aquí, la foto es, otra vez, fija: el Ejecutivo andaluz, que no había conseguido la transferencia de las cuencas que discurren en la región (Sur, Tinto-Odiel, Barbate-Guadalete) y la gestión de la del Guadalquivir con el PSOE en Madrid, redobló esta legislatura sus exigencias (sin éxito) ante el Gobierno; los populares, que hicieron bandera de estas competencias en las anteriores elecciones, las han aparcado con Aznar en La Moncloa.

Las confederaciones hidrográficas, los órganos del Ministerio de Medio Ambiente para la gestión del agua, han quedado además en mal lugar: las nuevas sociedades de agua, creadas por el PP para agilizar los trámites, se llevan el pastel de la inversión. Las confederaciones apenas tienen personal para vigilar la toma ilegal de agua y sus recientes decisiones sobre la dotación para riego, tras un año muy seco, provocaron una fuerte controversia.

El retraso en la construcción de los embalses y el conflicto por las competencias acaparan el debate sobre el agua pero, aunque el nuevo escenario político permita acelerar en la solución de ambos problemas, aún quedará lo esencial.: las posibilidades de construir más embalses son limitadas, y en muchos casos, tienen un fuerte impacto medioambiental.

Detrás de la política de agua, se ocultan cuestiones que los partidos abordan con timidez: el regadío, que se lleva el 80% del agua consumida, ha permitido un renacimiento de la agricultura andaluza. Son cerca de 671.000 hectáreas (800.000 sí se incluye el olivar en riego), y el Plan Andaluz de Regadíos prevé 61.420 hectáreas más para el 2005.

La Junta defiende que este desarrollo puede compatibilizarse con la garantía de agua para consumo y para la industria y confía en una correcta gestión de la demanda para impulsar el ahorro. Los precios, sin embargo, no incitan a la contención: el agua de riego vale 100 veces menos que la del grifo. Y, en todo caso, el agua en la tierra de la sequía sale muy barata: cada andaluz sólo paga 18 pesetas al día por el agua que consume.