La Comunidad solicita una autorización judicial para evacuar a 10 ancianos que viven en una residencia ilegal

La Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad ha solicitado una autorización judicial para poder proceder a la evacuación de una decena de ancianos que viven en un geriátrico privado ilegal situado en el término municipal de Paracuellos de Jarama. Los residentes llevan ya más de un mes a la espera de que sus familiares les vayan a recoger para sacarles del centro ilegal y trasladarles a otro, según informó ayer un portavoz de la citada consejería.Sobre la residencia privada de ancianos de Paracuellos de Jarama pesa una orden de cese de la actividad por parte de los Servicios Sociales de la Comunidad desde hace dos meses. El geriátrico carece de la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento. Los técnicos regionales descubrieron, además, "deficiencias técnico-sanitarias" en la residencia, "aunque no de carácter grave, porque, de haberlo sido, se hubiera decretado el cierre inmediato del centro", según la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez.

Debido al cúmulo de irregularidades, la consejería decretó la suspensión de la actividad en el centro en diciembre y trasladó a los familiares la necesidad de que se hicieran cargo de los residentes para poder ejecutar la suspensión de la actividad en el centro ilegal. Pero la residencia sigue abierta, porque los familiares no han acudido a por sus ancianos, aseguró ayer el portavoz de los Servicios Sociales.

"La residencia no ha acatado la orden de cierre emitida por la consejería, por lo que no ha quedado más remedio que poner el asunto en manos del juez", añadió. "La residencia sigue funcionando porque tiene a los residentes dentro, y hasta que no quede vacía no la podemos cerrar", añadió. "Los Servicios Sociales interpusieron un recurso contencioso-administrativo para conseguir una resolución judicial que autorice a los técnicos regionales a entrar en la residencia privada, sacar a los ancianos y trasladarlos a otras residencias de la Comunidad, ya sean públicas o concertadas", añadió el portavoz.

Sólo los familiares de uno de los 10 ancianos se han dirigido a la Comunidad para informarse de los pasos a seguir para encargarse de los traslados. "No se ha llegado a efectuar ni un traslado", aseguró el portavoz.

Por otro lado, los responsables de una segunda residencia ilegal, denominada Sol del Valle y situada en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, le comunicaron por carta a la consejera de Servicios Sociales, la semana pasada, su decisión de acatar la orden regional de cierre en la primera quincena de este mes.

Este geriátrico, en el que viven otra decena de ancianos, tambien funciona sin la preceptiva licencia de actividad, por lo que la Comunidad decretó su cierre el pasado diciembre.