El sicario contratado para asesinar a Cuiña tenía datos de sus movimientos
La Guardia Civil encontró entre las pertenencias del ciudadano venezolano supuestamente contratado para matar al consejero de Obras Públicas de la Xunta, Xosé Cuiña, algunas anotaciones sobre sus movimientos habituales, según fuentes del PP gallego.Rafael Pérez Álvarez, el presunto sicario que fue hallado ahorcado el pasado 13 de julio, sabía la hora a la que el consejero suele llegar a su despacho todas las mañanas y el único día de la semana en que Cuiña, residente en Santiago, va a dormir a su localidad natal de Lalín (Pontevedra), aseguraron las mismas fuentes.
Tras la muerte de Pérez Alvarez, su viuda entregó una carta manuscrita de su marido en la que éste revelaba la existencia de la supuesta trama para matar a Cuiña y aludía a sus relaciones con una agencia de detectives, contratada por el constructor José Martínez Núñez, afín al PP. La Guardia Civil también encontró algunos recortes de prensa sobre el consejero y hombre de confianza del presidente gallego, Manuel Fraga.
Cuiña y Martínez Núñez mantuvieron hace años un fuerte enfrentamiento por la insistencia del constructor en obtener contratos de obras de la Xunta, según fuentes próximas al primero. El abogado de Cuiña tiene previsto dirigirse hoy el juez de Ponferrada encargado del caso para comunicarle su disposición a colaborar con la investigación.
Querella por una cantera
Por otra parte, los abogados de la empresa Canteras y Concretos S.L. de Ponferrada (León) pedirán más de 200 millones de pesetas en concepto de daños a la sociedad Catisa, propiedad de Martínez Núñez, a la que acusan de ser la causante de la paralización de una cantera en la localidad de Toral de los Vados (León) durante cinco años. La dirección de Canteras y Concretos encontró dos letras firmadas por Félix Araujo, entonces jefe de la sección de Minas del Bierzo, de la Junta de Castilla y León, que eran parte de una entrega de 10 millones de pesetas realizada por el gerente de Catisa, Antonio Merino.
Araujo ordenó la paralización de la cantera competidora de Martínez Núñez porque supuestamente no cumplía los requisitos legales. Tras cinco años de litigios, los tribunales quitaron la razón al funcionario y reabrieron la explotación. Araujo fue ascendido a jefe de minas en León.
La querella criminal de Canteras y Concretos contra José Martínez Núñez, Félix Araujo y Antonio Merino sigue su curso en el juzgado número 3 de Ponferrada, donde el fiscal solicita para el funcionario un año de prisión y siete de inhabilitación. A Merino, que ha asumido toda la responsabilidad en el caso y descargado a Martínez Núñez de cualquier implicación, le pide más de un año de cárcel.
Martínez Núñez también se opone desde hace más de nueve años a que otra empresa de la competencia, Cedíe, explote una cantera en los alrededores de Sobrado, en el límite entre León y Ourense.
La Junta de Castilla y León ha impedido la extracción de caliza en la zona alegando el hallazgo de murciélagos trogloditas, una especie en vías de extinción, pese al visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.
El abogado de Martínez Núñez, Antonio Cubero, cuyo nombre figura escrito en el sobre que contenía el revólver hallado en la casa del venezolano muerto, ha reconocido ante el juez haber contratado a una agencia de detectives de A Coruña para seguir e investigar al alcalde de Sobrado, partidario de la apertura de una nueva cantera en la zona.
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