El PP intensifica el acoso a la Laguna de La Mata con el plan urbano de Rojales

Desde la llegada del Partido Popular a la Consejería del Medio Ambiente se ha intensificado el acoso urbanístico al Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Si el plan general de ordenación urbana (PGOU) de Guardamar, en manos del PP, suponía la consolidación de proyectos en el 68% del perímetro de protección (una franja de 500 metros de ancho) del espacio protejido en este municipio, ahora, el planeamiento de Rojales, también del PP, prevé urbanizar la mayor parte de su suelo en ese colchón de protección.

Con 354 hectáreas de suelo urbanizado y otras 377 ya recalificadas a suelo urbanizable, el Ayuntamiento de Rojales ha elaborado un PGOU que prevé la recalificación de otras 466 hectáreas, es decir, una sexta parte de las 2.700 que tiene el municipio. Una previsión desproporcionada para cualquier crecimiento previsto de los 5.840 habitantes del municipio. Pero lo que es peor es que gran parte del suelo afectado corresponde a la zona del municipio colindante con el parque, justo en el perímetro de protección que limita con una zona de protección especial integral, la máxima categoría ecológica y por tanto la más sensible del enclave. El parque, creado en diciembre de 1988, abarca 3.700 hectáreas de Guardamar y Torrevieja y está constituido por dos lagunas salinas, las de La Mata y Torrevieja, que suman 2.100 hectáreas de lámina de agua de inhóspita salinidad. Sin embargo, la alta concentración de sales proporciona una explosión de vida microscópica que tiene su reflejo en una gran riqueza ornitológica. De su importancia ecológica da cuenta que la Unión Europea reconozca oficialmente al parque como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que también esté incluido en el mayor convenio internacional de protección de humedales: la lista Ramsar.

Dado su proximidad al mar y que su límite oriental está fuertemente antropizado, con multitud de urbanizaciones próximas, la política de protección del parque durante la última década se ha concentrado en limitar las actividades impactantes al oeste del espacio protegido, justo por donde discurren los aportes de agua que, por escorrentía o por acuíferos subterráneos, dan riqueza al parque.

Urbanización paralizada

Uno de los últimos casos de eficacia protectora fue el del veto a una urbanización de Los Montesinos, que fue paralizada porque el informe de impacto ambiental estimó que la promoción, fuera del parque y hasta más allá del perímetro de protección suponía un riesgo para zonas de protección especial del espacio protegido.

Quizá la única mancha urbanística que afectó a este colchón de protección fue una recalificación urbanística de 58 hectáreas, acometida en el anterior planeamiento de Guardamar, que afectó a ese cinturón de 500 metros de tutela del parque. Se trataba de la urbanización de El Raso, que mantiene su clasificación en el último PGOU. Pero ha sido desde la llegada a la consejería de Fernando Modrego, del Partido Popular, en sustitución de José Manuel Castellá, de Unión Valenciana, desde que están tomando forma grandes proyectos que, en la práctica, suponen un asedio al parque.

El grueso del acoso comenzó en otoño pasado con el PGOU de Guardamar, cuando se desveló que los proyectos urbanísticos consentidos por el planeamiento implicaban la construcción de 12.000 viviendas, en las que residirán más de 40.000 personas, en el entorno del valioso humedal. Así, de las 260 hectáreas del colchón de protección que Guardamar poseía en el entorno, se recalificaban 179 (más del 68%)