Cuiña y Martínez se enfrentaron en 1992 por la adjudicación de una obra

El constructor José Martínez Núñez realizó, desde principios de los años 90, intensas gestiones ante la Xunta de Galicia para tratar de captar contratos de obra de carreteras, según señalaron fuentes de la investigación. En 1992, el empresario chocó directamente con Xosé Cuiña, consejero de Política Territorial y Obras Públicas y secretario regional del PP hasta el pasado octubre, cuando acudió a quejarse de que su empresa no había obtenido la contrata para trazar una carretera en Pontevedra, presupuestada en más de 300 millones de pesetas. La entrevista acabó con un fuerte altercado y la expulsión del constructor de las dependencias del Gobierno autónomo, según confirmaron fuentes del Partido Popular gallego.En una comparencia ante los medios de comunicación, motivada por la publicación en diarios del Grupo Voz de la noticia de que existía un plan para asesinarle, Cuiña se amparó en el secreto de sumario para justificar su discreción y evitar cualquier referencia directa a Martínez Núñez.

El consejero se refirió únicamente a una persona que no quiso identificar y cuya fotografía le fue mostrada por la Guardia Civil el pasado noviembre, cuando agentes del instituto armado le comunicaron la existencia de una investigación sobre la supuesta trama para asesinarle.

Cuiña explicó que a esa persona la conocía desde tiempo atrás y que en los últimos meses había tratado de nuevo de ponerse en contacto con él. "A partir del pasado mes de setiembre, hizo una presión importante, a través de personas próximas a mí, para intentar hablar conmigo", declaró Cuiña. "El último intento", añadió, "fue hace 15 días. Pero como ya conocía las investigaciones, me negué en redondo".

Sin ofrecer más detalles, el consejero sí esbozó una hipótesis sobre los posibles móviles de la trama para acabar con él: "Puede que tenga bastante que ver con la imposibilidad de influir en determinadas decisiones de mi departamento. En 10 años, nadie puede levantar el dedo para decir que yo he actuado con arbitrariedad o en favor de alguien".

Cuiña reveló que no tuvo conocimiento de la trama hasta el pasado 17 de noviembre, cuando un "alto mando" de la Guardia Civil le llamó para entrevistarse con él y explicarle los hechos. Los agentes, agregó Cuiña, le pidieron que pensase en alguna persona de su "entorno" o en cualquiera que pudiera tener algún tipo de animadversión hacia él.

El consejero, según su propia versión, no supo decir ningún nombre. Fue entonces cuando le mostraron varias fotografías, sólo una de las cuáles correspondía a una persona conocida. Cuiña explicó que sólo comunicó la noticia a algunos familiares y al delegado del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes.

Según el consejero, no se creyó necesario tomar ninguna medida especial para garantizar su seguridad. Cuiña señaló que algunas veces había recibido llamadas amenazadoras, pero las desvinculó completamente de este caso. "En mi puesto se toman decisiones que a veces afectan a intereses millonarios", comentó.

Martínez Núñez llamó ayer por la mañana al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, para desmentir cualquier relación con los hechos investigados. "Me ha llamado para decirme que ni loco está en eso y que va a ir a los tribunales a emprender acciones judiciales", declaró Fraga a la Cadena SER, antes de añadir: "El señor Cuiña ya me lo había advertido y sólo espero que se desvele, aunque de momento todo me parece muy vago". "Aquí no ha pasado nada y espero que no pase nada", sentenció el presidente de la Xunta.

Antes de sus roces con Cuiña, Martínez Núñez, propietario de hoteles en Lugo y Ourense, fue el beneficiario de algunos sustanciosos contratos del Gobierno autónomo. En 1991 se vio envuelto en una fuerte polémica tras las denuncias del PSOE sobre el proceso por el que el que la Consejería de Presidencia de la Xunta le adjudicó la remodelación y explotación del parador de turismo de Portomarín (Lugo).

La Xunta otorgó a una empresa de Martínez Núñez el contrato, por 500 millones de pesetas, para rehabilitar el edificio del parador de turismo de Portomarín y dotarlo de mobiliario. Posteriormente, el propio Martínez Núñez obtuvo también la licencia para explotar el parador por un alquiler mensual de sólo 80.000 pesetas. Tiempo después, el constructor se deshizo del negocio.

Martínez Núñez reapareció en Santiago en 1993. Una cooperativa privada de viviendas, en la que figuraban numerosos funcionarios de la Xunta, encargó a su empresa Tecomsa la construcción de 132 chalés adosados en las afueras de la ciudad. Cuando los propietarios ya habían pagado el precio convenido, el constructor se negó a entregarles sus viviendas, alegando que el coste final había sido mayor del previsto. Algunos de los compradores decidieron tomar posesión de sus chalés. Para intimidarlos, grupos de individuos armados con bates de béisbol se dedicaron a custodiar la urbanización, a tapiar puertas y ventanas y a causar destrozos en algunas de las viviendas ocupadas.

Los propietarios tuvieron que pedir la intervención de la policía, que encontró una escopeta en uno de los automóviles utilizados por los empleados de Tecomsa. Curiosamente, entre los miembros de la cooperativa de viviendas se encontraba el actual consejero de Medio Ambiente de la Xunta, Carlos del Alamo, y un colaborador de Cuiña, José Antonio Redondo, director del Instituto Gallego de la Vivienda. Aquellos incidentes deterioraron las relaciones entre el constructor y el Gobierno gallego, según admiten fuentes de la Xunta.

Cuiña recibió ayer el apoyo de algunos de sus adversarios políticos. El secretario general del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, expresó al consejero su "afecto y solidaridad", mientras Francisco Vázquez, alcalde socialista de A Coruña, declaró: "Parece que la de político se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo".