El pacto de Estado en Justicia: ¿para cuándo?

Una de las graves carencias de España es su Administración de Justicia. Aunque no exentos de problemas, los otros países comunitarios y los demás del primer mundo, cuentan con sistemas judiciales más modernos que el nuestro. Nosotros vamos muy lentamente aproximándonos a las soluciones que se han adoptado hace tiempo en Alemania, EE UU, Gran Bretaña, Francia, Austria, Portugal, las cuales han pasado por las mismas necesidades que a nosotros nos agobian. Primero el mundo anglosajón y después la Europa occidental, con Alemania a la cabeza, han aprendido de su propia experiencia judicial y, a través del ensayo, fallo y acierto final, han dado con fórmulas empíricas y las han vestido con los necesarios ropajes jurídicos. Si ha sido característica de la sociedad moderna la masificación del Derecho y la complejidad de procesos judiciales (tal como han estudiado Díez Picazo y Fairén Guillén), ellos han adoptado fórmulas, llamadas de "desgravación" de los tribunales, que pasan por la informatización de los juzgados y las técnicas de gestión aplicadas al proceso.Por ello, en esos países hay más jueces que en España y, además, se les hace asumir personalmente sólo las decisiones finales o más trascendentales, dejando el resto a colaboradores directos. Dicho de otra manera: el trabajo se divide. Se evita con ello, lo que no se hace en España, que a título de juez sean los sustitutos de éstos, que es personal no profesional, quienes resuelvan más de un 25% del trabajo. Eso, que es muy grave, es lo que sucede aquí, según las últimas estadísticas conocidas de sentencias dictadas.

Una legislatura tras otra se va dejando pendiente de resolver el problema del atasco de juzgados y tribunales en la resolución de la creciente litigiosidad española, empeñada por su número y complejidad en destrozar las apresuradas soluciones que van dando las reformas de la Ley de Planta y Demarcación y los sucesivos intentos ministeriales de parchear este tambor. En él redoblan constantemente todas las facetas de la compleja convivencia ciudadana, que necesariamente recala en los juzgados para resolver, que no satisfacer, sus disputas. Pero los tribunales no dan más de sí: al menos del mismo modo.

Es muy reciente la publicación (8 de enero de 2000) de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la solución fuera esta importante ley, tan ¿consensuada? por los políticos, qué gran mérito para sus autores. Pero este texto está condenado al fracaso. Y no es que, como se excusan sus voceros, hayamos de inaplicarla. No llegará a darse el "era un buen Código, pero nadie lo cumplió". Ahora se dará el caso más imperdonable: es un texto de escuela, pero inservible en la práctica. Sencillamente, es imposible aumentar el volumen de asuntos resueltos con esta ley, cumplida a la letra, pues en vez de aprender de la lección diaria, lleva al texto el sueño de la absoluta inmediación o presencia del juez en todos los actos del juzgado.

Tres lecciones importantes se aprenden trabajando en los juzgados. Y, desde luego, no es igual la perspectiva del juzgado -preocupados sus integrantes por resolver los asuntos pendientes, todos ellos, de modo imparcial-, que la de los abogados y procuradores -preocupados por su asunto en particular, enfocado desde la perspectiva, que es prioritaria, de su cliente-.

La primera lección es que el exceso de trabajo y la dificultad del mismo, imponen su ley. Este hecho, abrumador, somete las intenciones y proyectos del más ilusionado, preparado y bien intencionado de los jueces o secretarios de juzgado. Todos pasamos, como por otra parte es lógico en toda experiencia laboral, de sabernos la cartilla y sus apriorísticas enseñanzas, a darnos por satisfechos con intentar siquiera aproximarnos a ese modelo legal del proceso. Si nos empeñamos, y a nivel teórico eso sería posible, en cumplir las normas procesales a rajatabla, colapsaremos el juzgado. Quien así lo haga, a quienes primero tendrá enfrente, quejosos del retraso que se ha de producir, será a los abogados y procuradores, o directamente a los ciudadanos.

La segunda, que aún siguiendo ese camino, que es obviamente un incumplimiento de las propias normas procesales, sólo habrán obtenido a cambio la crítica más feroz de la doctrina procesal y de los políticos, empeñados en la virtud de la letra de la ley y ciegos ante los problemas aplicativos. Esto se evidencia incluso en las últimas reformas, como la que permitió a los juzgados obtener la colaboración de la Hacienda Pública para conocer qué rentas o patrimonio tiene un deudor, para dejar sin efecto esa posibilidad a los treinta días, por otra ley. O como la reforma del Código Penal, cuyo nuevo texto establece penas a cumplir en centros especiales, que no se han creado de manera general. Parece que ha tomado cuerpo una especial cultura procesal, muy enraizada en la costumbre universitaria española de las facultades de letras, que apuran las teorías hasta sus últimos recovecos, sin interesarse demasiado por las realidades, tan proteicas e indóciles.

La tercera, que aquí no cambia nada. Poco a poco, las nuevas generaciones, sean jueces, secretarios, fiscales, y aún mucho más el personal de las secretarías, van quemando sus ilusiones. Sólo queda la integridad moral, como soporte ante la abrumadora carga de trabajo y la incomprensión de la ciudadanía; el incumplimiento laboral de otros colegas, a los que no les pasa nada; la falta de alicientes e incentivos económicos para los mejores; la falta de reconocimiento honorífico a quienes, por contraste con otros, doblen su jornada laboral, sin compensación alguna. A la falta de promoción en el trabajo, aunque sea un derecho constitucionalmente reconocido. A, en fin, la politización de la Justicia, que ha sido una carga más, acompañada de su séquito periodístico, propia de la democracia.

¿El pacto de Estado en Justicia? En nuestro país es imprescindible. Para quienes estamos en la Fundación por la Justicia es una de las principales preocupaciones y abogamos y luchamos por él. Esperemos que, convencidos que están encima de un volcán, algunos de los que pueden, decidan, como dijo Winston Churchill, que lo menos que pueden hacer es echar humo.

José Miguel Guillén Soria es secretario de juzgado y miembro de la Fundación por la Justicia.