Las 35 horas ganan adeptos
Los trabajadores de las empresas públicas dependientes del Gobierno de Navarra quieren también disfrutar de la jornada de 35 horas semanales y han iniciado movilizaciones en la calle para conseguirla.Unos 600 empleados públicos, la plantilla de la mayor parte las sociedades anónimas cuyo accionariado pertenece mayoritariamente al Ejecutivo autónomo, consideran que los acuerdos alcanzados en febrero de 1999 por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con el Gobierno de UPN, convertidos en ley foral dos meses después, también deben serles de inmediata aplicación a ellos. Sin embargo, han visto cómo el Gobierno regionalista ha aprobado la jornada de 35 horas semanales para sus empleados directos (una plantilla de funcionarios que se aproxima a las 18.000 personas), pero no así para las múltiples sociedades de su propiedad, a pesar de las promesas recibidas.
El Ejecutivo navarro aprobó días atrás un calendario laboral de 1.592 horas anuales para el recién estrenado año 2000, lo que significa la materialización de los acuerdos de reducción de jornada firmados con los sindicatos y refrendados como ley por el Parlamento foral.
Se trata de un cómputo horario anual que va reduciéndose hasta las 1.457 horas en función de los turnos y el trabajo en festivos o fines de semana, pero que, en general, supondrá el disfrute de una jornada diaria de 7 horas y 20 minutos, es decir, 15 minutos menos que el año pasado.
Promesa incumplida
No obstante, los empleados de los organismos dependientes del Gabinete de Miguel Sanz no han visto reducirse sus horarios, a pesar de que el 7 de diciembre pasado el vicepresidente, Rafael Gurrea, se comprometió a llevar el asunto a un Consejo de Gobierno para que los consejeros afectados dieran las órdenes oportunas a los presidentes y gerentes de las respectivas empresas públicas.
En estos momentos ninguna de ellas dispone de un calendario ajustado al modelo de 35 horas, según ha asegurado la UGT, por lo que los empleados han iniciado movilizaciones en la calle concentrándose ante la sede del Gobierno, en Pamplona.
Están afectadas empresas como Riegos de Navarra, Tracasa, Instituto Técnico y de Gestión ganadero, ITG Agrícola, Nasersa, Nilsa, Planetario de Pamplona, Cetenasa, Ceinsa, Gedesa, Sodena, Nasuinsa, Vinsa y Viveros y Repoblaciones de Navarra, entre otras.
El Ejecutivo navarro aseguró que la reducción de jornada en la Administración pública creará 360 puestos de trabajo y costará 1.500 millones de pesetas (algo más de nueve millones de euros).
La patronal, agrupada en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), es la única de España que estampó su firma en unos acuerdos con los sindicatos para incentivar la reducción de jornada en la empresa privada a través de la negociación colectiva. El Estado recurrió el pasado mes de junio ante el Tribunal Constitucional el contenido de la ley de incentivos fiscales al reparto del empleo, parte del mismo pacto. Posteriormente, Miguel Sanz anunció que el Estado no se opondrá a la petición de levantar la suspensión de la efectividad de la norma mientras se tramita el citado recurso.
